Una empleada del Registro Civil de la provincia de Neuquén es investigada por cobro indebido y realizar actas irregulares, que provocaron daños para un matrimonio y el Estado. Las autoridades judiciales sostienen que se tratan de hechos graves.
El asistente letrado Facundo Bernat reformuló este martes en una audiencia los cargos contra una empleada del Registro Civil acusada de haber realizado un cobro indebido a una pareja para la realización de un casamiento y por haber consignado datos falsos en el acta matrimonial.
El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que se mantuvieron los hechos y los delitos originalmente atribuidos, pero que la acusación fue modificada al incorporar agravantes y nuevas consecuencias económicas.
En el comunicado del Ministerio Público Fiscal provincial detallan que son dos los hechos que se le acusa a la mujer. El primero es por un presunto cobro ilegal ocurrido el 6 de enero de 2025, cuando la acusada -en su carácter de oficial pública- habría requerido el pago de $90 mil bajo el argumento de que el sellado abonado no correspondía al trámite de matrimonio. La suma fue transferida a una cuenta personal de la imputada.
Respecto del segundo hecho, Bernat sostuvo que confeccionó el acta del matrimonio y allí omitió que la ceremonia se realizó a domicilio, así como tampoco consignó los testigos exigidos por la normativa vigente.
Tras la lectura de las acusaciones, la fiscalía agregó que esas irregularidades, no solo implicaron una falsedad documental, sino también un perjuicio patrimonial al Estado, por el no pago de la tasa correspondiente al casamiento a domicilio, además de haber obligado a los contrayentes a rectificar la documentación.
De este modo, la mujer fue imputada por los delitos de exacciones ilegales agravadas por haber convertido en propio el provecho del ilícito y falsedad ideológica agravada por haber sido cometida por una funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora.
Finalmente, el fiscal solicitó una prórroga del plazo de investigación por tres meses, pedido al que el juez de garantías, Juan Guaita, hizo lugar, al igual que a la reformulación de los cargos.