La legisladora peronista, María Rosa Martínez, presentó un proyecto para que el Senado bonaerense exprese su repudio a la prisión domiciliaria para genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. La iniciativa cuestiona que más del 80% de los represores condenados cumplan penas en sus casas, y advierte que esta situación constituye un retroceso en el proceso de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.
Martínez, quien fue secuestrada durante la última dictadura cívico-militar, impulsó la declaración en un contexto marcado por la muerte reciente de Jorge Antonio Bergés, conocido como el “obstetra del mal”, quien falleció a los 83 años mientras cumplía prisión domiciliaria en el partido de Quilmes. En ese sentido, el proyecto sostiene que los beneficios concedidos a represores condenados, debilitan el sentido de justicia que persiguieron los juicios de lesa humanidad.
La presentación legislativa se basa en datos publicados por el Ministerio Público Fiscal y de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que indican que 498 represores cumplen con arresto domiciliario, mientras que sólo 38 permanecen en unidades penitenciarias comunes, y 76 se encuentran alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
La fundamentación enumera una serie de casos que, según la autora, evidencian un estándar permisivo en la ejecución de las penas. De hecho, Martínez plantea en el articulado que el dictador Reynaldo Benito Bignone obtuvo prisión domiciliaria con el argumento de que debía cuidar a su hijo y que llegó a jactarse de que salía todos los días de su casa.
La senadora de Fuerza Patria también menciona que Daniel Cuomo, condenado a reclusión perpetua por sus crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), recibió autorización para salir tres días por semana durante dos horas y una hora adicional los fines de semana. En la misma situación se encuentra Carlos Mario Castellví, quien cuenta con permiso para realizar caminatas diarias y participar en celebraciones familiares como Pascuas, Navidad, Año Nuevo y cumpleaños.
Además, el proyecto menciona al piloto de los “vuelos de la muerte”, Alejandro D’Agostino, quien mantuvo la prisión domiciliaria pese a haber violado el régimen en reiteradas ocasiones. El texto recuerda que el tribunal oral y luego la Cámara Federal de Casación Penal le permitieron conservar ese beneficio en un fallo dividido, aun cuando existieron planteos para su revocación.
Otro antecedente fue el de Eduardo Ángel Cruz, alias “Cramer”, a quien el Tribunal Oral Federal N°2 le concedió en el año 2021, la posibilidad de salir a caminar por los alrededores de su domicilio sin consultar previamente a la fiscalía ni a las víctimas, hasta que la Sala II de la Cámara de Casación revocó la decisión.
A través de los fundamentos, la representante de la Tercera Sección afirma que “los mencionados casos, como otros genocidas que en vida han contado con el beneficio del arresto domiciliario, constituyen un retroceso en el proceso de reparación a las víctimas, que no sólo comprende el juzgamiento y sanción de los responsables, sino el efectivo cumplimiento de las penas impuestas”.
La dirigente justicialista contextualiza el reclamo en la historia reciente de la Argentina y sostiene que “el horror que dejó el genocidio de Estado en la Argentina significó una larga lucha por parte de los organismos de Derechos Humanos, en pos de recuperar la verdad de lo sucedido”. Por caso, la propuesta de Martínez advierte que la lucha colectiva se contrapone a “propuestas individualistas y negacionistas como las del gobierno actual”, en referencia al posicionamiento de la administración que encabeza Javier Milei.
Por otra parte, la muerte de Jorge Antonio Bergés reactivó el debate sobre las prisiones domiciliarias. Cabe recordar que el exmédico de la Policía bonaerense, condenado por apropiación de bebés y tormentos, atendió partos en centros clandestinos del Circuito Camps y murió en Quilmes mientras cumplía prisión domiciliaria.
En ese contexto, Teresa Laborde Calvo, hija de Adriana Calvo, quien dio a luz en cautiverio, escribió tras la muerte del represor: “Murió el ‘obstetra del mal’ sin decirnos dónde están los bebés que se robó”. La familiar de la exdetenida desaparecida completó su mensaje con otra definición tajante: “Ojalá se pudra en los anales de la historia como la escoria humana que fue”.
La discusión sobre la prisión domiciliaria a los represores también cobró fuerza tras la publicación de estadísticas oficiales que indican que 1.197 personas resultaron condenadas por delitos de lesa humanidad desde 2006, cuando se reanudaron los juicios. De las 615 personas privadas de libertad por estos crímenes, 498 cumplen arresto domiciliario, lo que representa más de ocho de cada diez detenidos.
“En virtud de lo expuesto, y en repudio a los beneficios concedidos a los genocidas que ejecutaron el terrorismo de Estado en nuestro país, es que solicito a este Honorable Cuerpo de Senadoras y Senadores me acompañen en la presente iniciativa”, concluyó Martínez, al tiempo que abogó por que la Legislatura bonaerense exprese una posición política clara frente a este escenario.