La justicia penal de La Plata pidió en las últimas horas mantener la prisión preventiva de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los empleados del Senado bonaerense detenidos a fines de 2025 integrantes de una estructura con rasgos sectarios y denunciados por abusos sexuales.
Según confirmaron desde los tribunales platenses, la fiscal titular de la UFI N°2, Betina Lacki, requirió al juez de Garantías, Juan Pablo Masi, mantener la prisión preventiva de los acusados, decisión que el magistrado deberá resolver en los próximos días.
Según las denuncias incorporadas a la causa, Rodríguez y Silva Muñoz se presentaban como líderes de la organización denominada “Orden de la Luz”, que habría operado mediante vínculos de poder y manipulación psicológica para captar víctimas bajo promesas de cargos en el Estado.
Según indicó la defensa de los denunciantes (hasta ahora son cuatro los testimonios elevados a la Justicia), los hechos habrían tenido lugar desde 2015 y “configuran en principio abuso sexual con utilización de armas y continuado en el tiempo como calificante”.
Días atrás, el juez Masi sostuvo que existen pruebas suficientes para mantener detenidos a Rodríguez y Silva Muñoz mientras avanza la investigación. En su resolución, describió un patrón sistemático de encierro, coerción y abuso, donde las víctimas eran aisladas y privadas de la posibilidad de escapar antes de ser sometidas sexualmente.
Asimismo, el magistrado habilitó el peritaje de los celulares, computadoras, y otros dispositivos tecnológicos secuestrados durante los allanamientos de los detenidos. Los resultados de los mismos resultarán claves para acreditar los hechos denunciados, como así también delinear responsabilidades que podrían derivar en la detención de más empleados del Senado bonaerense.
Si bien trascendió que los detenidos tuvieron militancia en la agrupación peronista La Capitana, la causa judicial no se centra en una estructura política. En ese sentido, el expediente menciona a la “Orden de la Luz” como el espacio en el que, según las denuncias, se desarrollaron las prácticas de captación, control y abuso.
En paralelo al avance del expediente, el caso escaló al plano político y abrió un fuerte debate institucional en el Senado bonaerense. Mientras el bloque de La Libertad Avanza impulsa la creación de una comisión especial, un puñado de senadoras del kirchnerismo promovieron iniciativas de acompañamiento a las víctimas y de reclamo de esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, dirigentes del PRO bonaerense exigieron que la titular de la Cámara alta provincial, Verónica Magario, realice los aportes correspondientes a la investigación judicial en curso. Es que, desde el espacio opositor plantearon que la falta de definiciones públicas y acciones concretas por parte de las máximas autoridades provinciales “agrava el cuadro institucional”.