En medio de las negociaciones con el Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU), diputados de la oposición salieron a advertirle al Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, que cualquier operación de crédito deberá ser aprobada por el Congreso, en el marco de la Ley Guzmán.
Es que, la Ley para fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública (27.612), enviada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y promulgada en marzo de 2021, establece, entre otros puntos, que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso de la Nación.
En ese sentido, la nueva normativa, sancionada el 11 de febrero de 2021 y promulgada en marzo mediante el decreto 131, señala que los acuerdos futuros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como otros organismos multilaterales deberán también ser aprobados por el Parlamento.
En ese contexto, y en medio de los anuncios del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, en el que aseguró que la administración de Donald Trump “esta dispuesta a hacer todo lo necesario para apoyar a la Argentina”, legisladores de todo el arco político salieron a marcarle la cancha al oficialismo, en medio de los rumores de un salvataje económico.
En efecto, desde Unión por la Patria, la bancada de libertarios díscolos, Desarrollo y Coherencia, y Encuentro Federal remarcaron que un acuerdo financiero con el Tesoro norteamericana deberá ser enviado al Congreso para su tratamiento.
De otra manera, los diputados nacionales remarcaron que se violaría “de manera flagrante las disposiciones constitucionales que reservan al Poder Legislativo la potestad exclusiva sobre el endeudamiento público y los tratados internacionales”.
En paralelo, los legisladores Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño y Marcela Pagano impulsaron una modificación de la Ley Guzmán para ampliar el alcance de la normativa, incorporando otros organismos financieros internacionales multilaterales o bilaterales, agencias, entidades públicas o privadas bajo jurisdicción extranjera, incluidos programas de facilidades extendidas, acuerdos stand by, operaciones de canje, swap de monedas, entre otros.
Además, los diputados plantean que cualquier ampliación del empréstito tomado con algunas de las entidades mencionadas anteriormente también deba ser tratado por ambas cámaras del Congreso, al mismo tiempo que solicitan que sea calificado como “nulidad absoluta” todo acuerdo crediticio que el Estado nacional firme si no recibe el tratamiento del Poder Legislativo.
“Se prohíbe expresamente el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) previsto en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional para aprobar, convalidar, ratificar o ejecutar las operaciones comprendidas en la presente ley, por tratarse de materia expresamente reservada al Congreso Nacional”, ampliaron en el proyecto los legisladores, tras subrayar que de incumplir alguno de estos puntos podría ser causal de actuaciones de la comisión de Juicio Político.