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Condenaron a tres años de prisión a una ex empleada municipal por fraude y estafas

Se trata de Gabriela Claudia Carlos de 51 años, una de las tres empleadas de Bromatología denunciadas en 2017 por el Gobierno Municipal. Junto a Silvia Baudry y Liliana Álvarez integraba una asociación ilícita.

Una de las tres ex empleadas de la Dirección de Bromatología del Municipio que habían imputadas por integrar una asociación ilícita fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento condicional por varios delitos, entre ellos fraude y estafas, mientras se desempeñaba en sus funciones.

El juicio abreviado se llevó a cabo el pasado jueves en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Azul.

Se trata de Gabriela Claudia Carlos de 51 años de edad, quien fue considerada coautora de "fraude en perjuicio de una administración pública, en concurso ideal con uso de instrumento público falsificado reiterado, en concurso real con asociación ilícita".

Las respectivas investigaciones comenzaron en 2017, luego de que el Municipio denunciara a Carlos junto a Silvia Elvira Baudry y Liliana Edith Álvarez por “Defraudación a la Administración Pública, Estafa, Falsificación de Documento Público y Asociación Ilícita”. En marzo de 2018, las tres fueron fueron detenidas por personal de la Sub DDI.  Sin embargo, meses después recuperaron la libertad.

 

 

Baudry y Álvarez fueron condenadas anteriormente, por lo que Carlos fue la última de las tres en ser juzgada.

Según se especificó en el fallo, las sindicadas cometieron los ilícitos mientras desempeñaban labores en la Dirección de Bromatología, "actuando en conjunto, con división de tareas, de manera organizada y con permanencia en el tiempo, mediante ardid y abusando de la confianza inspirada en su condición de empleadas públicas de la mencionada oficina, defraudaron patrimonialmente a la Municipalidad de Olavarría, cobrando en nombre de dicha administración pública, sin estar habilitadas para hacerlo, en dinero en efectivo, y en alguna oportunidad con cheques”.

En ese sentido, las mujeres cobraban ilícitamente “servicios municipales tales como análisis de aguas y otros productos alimenticios (tanto bacteriológico como físico químico y arsénico), habilitaciones de transportes de sustancias alimenticias y demás trámites que se realizan en dicha oficina".

Asimismo, emitían "recibos apócrifos", lo cual les permitían quedarse con sumas de dinero pertenecientes al Municipio. En total, el monto habría ascendido a más de 285 mil pesos en efectivo, mientras que a través de cheques se habrían apoderado más de 31 mil pesos.

Los hechos tuvieron como víctima a más de una decena de olavarrienses, varios de ellos titulares de diferentes empresas.

Además, Carlos fue considerada autora de dos hechos de “estafa”, uno de "estafa en tentativa" y dos delitos de "uso de instrumento público falsificado". Los hechos fueron cometidos en 2017.

Allí, la mujer se presentaba como agente de la Dirección de Bromatología en diferentes comercios y cobraba dinero en efectivo a los propietarios, sin estar autorizada para dicha tarea y argumentando que debía realizar un análisis de agua y/o análisis de productos. Luego, entregaba un protocolo con contenido falso y con la firma falsificada de la titular de la cartera en aquel entonces, Mirta Alcobedo”.

En el marco de la condena, la sindicada fue inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Además, deberá cumplir determinadas conductas impuestas por el juez, entre ellas someterse mensualmente al cuidado del Patronato de Liberados y no cometer delitos.

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