Ante las declaraciones televisivas emitidas días atrás por el Diputado Nacional José Luis Espert en el canal La Nación+, en las que sostuvo, entre otros tópicos, que “las cooperativas eléctricas en el interior del país son fuente de todo tipo de curro” y que “deberían transformarse en sociedades anónimas o que quiebren”.
Desde la Confederación Argentina de Cooperativas de Eléctricas (CONAICE) - organización integrada por Coopelectric a través de la Federación APEBA – expresaron su más enérgico repudio por “los dichos falaces, despectivos y carentes de conocimiento hacia el cooperativismo eléctrico, máxime proviniendo de la investidura de un legislador nacional”.
Desde la Conaice, expusieron: “Las cooperativas eléctricas son -ni más ni menos- que asociaciones de usuarios, una organización de los propios vecinos, que cuentan con los mecanismos de control y fiscalización impuestos por la Ley 20.337”.
“Las mismas son, además, puntales fundamentales del desarrollo local, inclusivo y equitativo, permitiendo encadenamientos productivos en más de 600 pueblos y ciudades del interior, promoviendo servicios esenciales aún deficitarios, y que al modelo de sociedades anónimas que el diputado defiende no le interesa desarrollar”, continuaron.
En este sentido apuntaron que “cada cooperativa es gestionada por esos vecinos que año tras año celebran asambleas y dan cuenta de su gestión” lo que permite “ser revalidados o democráticamente reemplazados por otros asociados y que los excedentes generados - si es que los hubiera- se reinvierten en más y mejores servicios”.
Acerca de los organismos de control de energía provinciales precisaron que “han sido determinados por las legislaciones de cada provincia, permitiendo que con estos controles, los propios usuarios estén protegidos frente al posible accionar inescrupuloso de las manos ‘anónimas’ del mercado”.
En el mismo documento destacaron: “Las cooperativas eléctricas tenemos casi 100 años de vida en la República Argentina. Hemos trascendido a gobiernos de todos los signos políticos y a los vaivenes económicos típicos de este país, porque somos empresas locales. Hemos soportado estigmatizaciones de diversas índoles y embates por hacer que nuestras empresas comunitarias se transformen en sociedades con dueños ‘sin rostro’”.
Ante esto último expusieron su presencia “en comunidades donde el Estado no pudo llegar ni a las empresas de lucro les interesó o convino hacerlo” y señalaron “en épocas de adversidad donde muchos pueblos estuvieron a punto desaparecer, otros pudieron evitarlo gracias a su cooperativa que mantuvo sus servicios esenciales y colaboró para que la comunidad pudiera rehacerse bajo su amparo”.
Para cerrar, apuntaron: “No podemos permitir que por desconocimiento u otras motivaciones, se pretenda criminalizar una figura asociativa que ha dado probado resultado. Por historia, porque somos eficientes con nuestros servicios, porque estamos siempre presentes en nuestras comunidades, porque amamos nuestro territorio y porque apostamos a un modelo de desarrollo solidario e inclusivo”.