La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires reveló que entre marzo del 2020 y diciembre del 2021 fueron abordadas más de 1.700 denuncias por violencia de género.
El trabajo sistematizó los resultados de la aplicación de la Ley 14.893 que establece un régimen de “Licencias para Mujeres Víctimas de Violencia”, aprobada en 2017.
Desde el organismo provincial indicaron que se crearon 42 organismos con equipos interdisciplinarios para abordar denuncias de violencia de género.
Estos equipos están conformados por los ministerios de Seguridad, Ambiente, Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Finanzas, Producción, entre otros. También la Fiscalía de Estado, ARBA, el Tribunal de Cuentas, el Servicio Penitenciario, forman parte de la lista.
La Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres es el área encargada de coordinar los espacios institucionales, a través del Equipo de Abordaje de Situaciones Particulares.
Hasta diciembre de 2021 se habían abordado 1.746 denuncias y se otorgaron 783 licencias, en al menos 10 organismos públicos diferentes, entre ellos la Dirección de Cultura y Educación, el Ministerio de Salud y el de Seguridad.
Según se indicó, una de las novedades que trajo el trabajo en el terreno fue que muchas de estas denuncias referían a situaciones de violencia por razones de género en el ámbito laboral.
Entre las conclusiones del informe elaborado por la Defensoría se señala que de “los datos analizados surge que ambos organismos, Ministerio de las Mujeres y la Dirección de Personal de la Provincia, desarrollan herramientas a fin de coordinar interinstitucionalmente el abordaje de la implementación de la Ley, buscando y generando herramientas y dispositivos de gestión para lograr el acceso a derechos de las trabajadoras de la administración pública”.
“Dada la magnitud y la importancia que desde la administración provincial se le da a esta dimensión de la violencia patriarcal, decidimos tomarlo en el presente trabajo por dos razones. En primer lugar porque aparece permanentemente entrelazado con los objetivos abordados por la ley, a la hora de desarrollar políticas públicas para su implementación. Es decir, se revelan totalmente imbricados y contiguos”, se planteó.
Y agrega “en segundo lugar porque desde la casuística obrante” en el informe “los casos de violencia de género en el ámbito laboral presentan una arista pública de la situación de subalternización en la que aún, a pesar de los avances legislativos y los esfuerzos realizados desde el Estado, son percibidas socialmente las mujeres y las personas LGTBI+”.
El informe concluye que la Defensoría del Pueblo “acompaña: los esfuerzos realizados por ambas dependencias a fin de desarrollar todas las herramientas para lograr deconstruir en el mundo del trabajo la mirada conservadora del lugar social tradicionalmente asignado a las mujeres y colectivos de la diversidad”. (DIB)