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Una madre pide que rematen el auto de su ex para cobrar la cuota alimentaria

Lorena hace 10 años lucha para que su hija reciba la cuota alimentaria que debería pagar su padre. En este proceso, que comenzó en 2011, logró obtener un bien del denunciado para rematar, pero aún no ha podido concretar la subasta. 

Una madre olavarriense pide ayuda para actualizar los valores de la cuota alimentaria que adeuda su ex marido y, además, que la justicia concrete el remate de un vehículo que le fue entregado como parte de pago por la deuda.

 

Desde mayo de 2011, Lorena viene reclamando el pago de la cuota alimentaria a su ex marido y padre de su hija, un camino difícil que la llevó en marzo de 2014 a encontrarse con la imposibilidad de demostrar los ingresos reales del padre de su hija, por lo que se dictó una sentencia definitiva y se fijó una cuota a beneficio de la menor que equivale al 25 por ciento del salario mínimo vital y móvil.

 

En mayo de 2018, siete años después de comenzar su reclamo por las vías correspondientes, se aprobó una liquidación por deuda de alimentos por 48.613 pesos. En este contexto, dos meses después, se ordenó el secuestro de un auto propiedad del deudor.

 

Un año después, el vehículo fue secuestrado en la vía pública y, hasta el día de la fecha, Lorena tiene que trasladarlo por diferentes lugares que le van prestando amigos y familiares porque no tiene un lugar físico para tenerlo. Además el titular del automotor no entregó las llaves ni los papeles del auto lo cual dificulta su traslado y puesta en marcha.

 

Tras el secuestro del rodado, para su posterior subasta, fueron designados dos martilleros, pero la damnificada aseguró que “ninguno de los mismos cumplió con los tiempos que marca la ley, demorando todos los procesos, lo que hizo que a la fecha siga esperando para rematar el auto, desvalorizándose y deteriorándose día a día”.

 

Según explicó Lorena, el valor de la deuda al momento del secuestro, en mayo de 2018, equivalía a 1940 dólares: “En la actualidad la misma asciende a 264 dólares, una octava parte de la deuda inicial”, expresó.

 

Tras reiterados reclamos a la justicia, fue designada una martillera local para la subasta que activó el caso y consiguieron dos ofertas que fueron presentadas en julio de este año, pero “a la fecha, el auto sigue sin rematarse”.

 

Por otra parte, dentro de esta misma causa, en marzo de este año el denunciado comenzó a trabajar en relación de dependencia y Lorena dejó de percibir la Asignación Universal por Hijo, único ingreso fijo que percibía ya que ella es trabajadora independiente.

 

“En 10 años fue el único trabajo en relación de dependencia y luego de varias gestiones judiciales como seguimientos personales ante la demora en los procesos, en mayo de 2021, queda demostrada la relación laboral y mi abogado dispone que se retenga el  25% del salario mínimo vital y móvil cuando los ingresos reales eran de más de 30 mil pesos por quincena”, contó Lorena. 

 

Esta situación fue percibida por ella el año pasado: “También fue omitido por el abogado que me representaba, en octubre de 2020 cuando cobro por primera vez la cuota que no coincidía para nada con lo esperado, según lo informado por ANSES”.

 

“La diferencia entre lo que debería retenerse y lo que se retuvo superaba los 10 mil pesos mensuales, esta persona trabajo 22 meses y este error nunca fue corregido,  ni tampoco volcado en la nueva deuda certificada a la fecha que asciende a 162.330 pesos cuando debería superar los 300 mil”, continuó la mujer.

 

Denuncia por violencia económica

 

En paralelo se está llevando adelante una denuncia penal en la UFI N° 4 a cargo de la Doctora Paula Serrano, donde se inició una causa IPP N 01-02-004097-19/00, en la Comisaria de la Mujer “luego de agotar todos los recursos previos en el marco civil: inscripción en el registro de deudores alimentarios, embargo del único bien a su nombre, carta documento a la madre del deudor”.

 

La denuncia se realizó en el marco de infracción de la Ley 13.944 por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, la misma fue desestimada por la Fiscal Serrano ya que “no encontró conductas determinadas a sustraerse de la obligación asistencial por parte del progenitor”.

 

La resolución fue apelada en septiembre de 2019, en marzo de 2020 se  adjuntaron más pruebas que demuestran lo denunciado, y en junio de 2021 se solicitó el cambio de caratula a violencia de género, “entendiendo que la violencia económica es una forma de la mencionada anteriormente. A la fecha no hubo respuesta, ni se citó nunca al denunciado, lo cual deja ver nuevamente que los derechos de los menores no son respetados, ni cuidados, ni se hacen valer por la justicia local”, concluyó.

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