Los investigadores revelaron detalles de la “Operación Punzar”, que logró desbaratar una organización criminal que robaba petróleo de oleoductos de la empresa YPF, La Policía Federal realizó ocho allanamientos en Olavarría y detuvo a seis personas que fueron sindicadas como los cabecillas de la organización dedicada al robo, adulteración y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, destacó “la importancia en el trabajo de investigación criminal que hacen las fuerzas federales”, al tiempo que aseguró que el operativo “permitió evitar daños ambientales”.
Además, la funcionaria dio detalles de la investigación que permitió la detención de 23 personas luego de 39 allanamientos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en las ciudades de Olavarría, Rosario, Mar del Plata, y en las provincias de Río Negro y Neuquén.
“Este operativo fue un trabajo cuidadoso y profesional de varias áreas de la PFA, que se inició el año pasado con la investigación de un delito ambiental y terminó con el desmantelamiento de una planta clandestina y otras empresas subsidiarias dedicadas a la destilación del petróleo crudo”, remarcó Frederic, y agradeció la colaboración de “los directivos de YPF y su área de Seguridad y las y los funcionarios de la AFIP”.
La investigación fue iniciada a fines de 2019 por efectivos del departamento Delitos Ambientales de la PFA en una planta clandestina dedicada al tratamiento de hidrocarburos ubicada en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, bajo la sospecha de que arrojaba residuos a la cuenca Matanza-Riachuelo.
Avanzada la pesquisa, se pudieron comprobar las maniobras ilícitas realizadas en la planta e identificar a las personas, lo que permitió la detección de patrimonios y empresas relacionadas con tal actividad ilegal, como así también el delito ambiental generado.
“Fue desarticulada toda la cadena de responsabilidad de distintos niveles y roles dentro de la organización: desde el capitalista, el financista y distintos estamentos que se dedicaban a refinar este producto, quienes lo comercializaban y efectuaban las pinchaduras de los oleoductos”, señaló el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, y recalcó que para investigar contaron “con el apoyo incondicional de los ingenieros de YPF” que les “dieron precisiones de las modalidades de los distintos productos, concretamente del crudo”.
En la investigación también colaboraron más de 120 funcionarios de la AFIP, quienes indagaron sobre los delitos económicos que desarrollaba la organización.
Por su parte, el vicepresidente de Sustentabilidad y Seguridad de YPF, Gustavo Chabbde, explicó que la empresa “posee 2.800 kilómetros de ductos, que tienen sistema anti intrusión”, lo que les daba “alertas” y pudieron prevenir “algunos hurtos”, como así también obtener “detalles para colaborar con la investigación”.
“El petróleo que se sustraía no se puede vender, por eso seguimos el rastro de la refinación y comercialización del mismo, lo que nos permitió llegar a este resultado”, concluyó Chabbde.
Durante los allanamientos realizados en el marco de la “Operación Punzar”, además de las 23 detenciones, se secuestraron siete camiones, seis cisternas, 12 vehículos, 12 millones de pesos y gran cantidad de dólares, euros y pesos bolivianos.
Asimismo, los agentes de la PFA incautaron de bombas de succión, 15 tramos de mangueras de camión cisterna, soldadoras y herramientas para extraer el crudo de los oleoductos, cinco armas de fuego y 130 cartuchos de bala de varios calibres.
Según los investigadores, la organización se apoderaba ilegalmente de petróleo propiedad del Estado nacional y contaba con una compleja estructura comercial para destilar y refinar el crudo, y finalmente insertar los productos derivados en el mercado formal e informal.
Las pruebas recolectadas permitieron determinar que en febrero pasado la banda extrajo petróleo mediante punciones a un oleoducto de la empresa estatal YPF, en la localidad bonaerense de Coronel Dorrego, para lo cual los miembros se habrían alojado previamente en la ciudad de Bahía Blanca.
Fuentes judiciales indicaron que para extraer el crudo del oleoducto –que transporta el petróleo desde Puerto Rosales, en Bahía Blanca, hacia la refinería ubicada en el partido bonaerense de Ensenada-, los miembros de la organización realizaban perforaciones y, mediante un sistema de bypass, lo vertían en piletones realizados en la tierra.
Posteriormente era cargado con mangueras en camiones cisterna que, en algunos casos, luego lo trasladaban a una planta clandestina ubicada en la localidad bonaerense de Valentín Alsina -que vierte sus desechos en la Cuenca Matanza-Riachuelo- donde era destilado y refinado, para luego venderlo a estaciones de servicio sin bandera, según indicaron los mismos voceros consultados.
Además, de acuerdo a las escuchas realizadas por los investigadores, se pudo establecer que para tal maniobra utilizaron tres camiones cisterna y cuatro choferes, y realizaron un circuito que permitía realizar dos cargas de petróleo a dos vehículos por noche.
En tanto, el tercer camión regresaba para descargar el petróleo en las plantas de refinamiento investigadas, mientras que todas las operaciones comenzaban durante la tarde-noche y culminaban cerca de las 6 de la mañana del día siguiente, para que los miembros evitaran ser vistos.
De acuerdo a la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, los integrantes de la banda obtenían “un alto rédito económico, no sólo sorteando todas las exigencias y controles estatales, sino también construyendo con sus maniobras un circuito económico y comercial completamente ilegal”, y que además “habrían realizado acciones que dañan el medio ambiente de manera ostensible”.