El colectivo de Actrices Argentinas, junto a otras asociaciones feministas, presentó en rueda de prensa una nueva denuncia por acoso sexual. En este caso fue contra el ahora ex director del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, quien renunció tras la denuncia realizada por Anahí de la Fuente.
"Gracias a todos los que estamos aquí. Somos 60 organizaciones feministras y transfeministas de la cultura, la educación y los derechos humanos que nos comunicamos para dar un mensaje urgente", comentó Laura Azcurra en el comienzo de la conferencia de prensa.
Nos unimos para visibilizar de forma masiva una realidad extendida en todos los ámbitos académicos y laborales. La violencia de género y el acoso sistemático ejercido desde el abuso del poder.
Jazmín Stuart continuó: "Acompañamos en este acto la denuncia penal de Anahí de la Fuente, quién sufrió acoso y maltrato dentro del Centro Cultural San Martín por un directivo que a su vez es responsable de una cátedra dentro de la UNA (las actrices no quisieron nombrar directamente a Pimentel). También acompañamos a todas aquellas personas que día a día sufren violencia de género en sus respectivos trabajos y universidades y que todavía no pudieron alzar su voz”.
Repudiamos por completo el hecho de que un sujeto que ejerce este tipo de violencia ocupe cargos jerárquicos en espacios que reúnen la cultura, la educación y el estado y estamos aquí para decir basta, aseguró.
Por su parte, Alejandra Flechner siguió con la lectura del comunicado e indicó:"Jefes que creen ser dueños de los cuerpos de sus empleades, manoséandoles, haciendo comentarios sobre su aspecto físico, su vestimenta, insinuándose, persiguiéndoles y castigándoles al primer asomo de rechazo con gritos o trabajos fuera del horario pautado”.
En otro pasaje del documento, Anabel Cherubito leyó: "Cuando la posibilidad de que otro empleade sea testigo y decida acompañar a la víctima, utilizan ciertos métodos de extorsión con prácticas obvias como inesperados aumentos aumentos de sueldo en un evidente intento de comprar su silencio. Si esto no afecta el trato, también son amenazados con dejarles sin empleo. Basta de encubrimiento, basta de naturalizar la violencia, basta de amiguismos que ubican a agresores en espacios de poder, y definitivamente basta de silenciar a las víctimas a través de actos intimidatorios y de amenazas".
Malena Sánchez expresó: "La persona acosada, además de soportar el trauma de haber sido abusada por el descaro de su superior, queda desplazada de su fuente de ingresos y su espacio de pertenencia, mientras el agresor conserva su puesto protegido por la impunidad de quienes le otorgan sus privilegios. Es sabido que esto no se limita al espacio laboral”.
Cecilia Roth agregó: "En paralelo, el sistema judicial sigue siendo indiferente frente a los relatos de las personas agredidas, poniéndolas en el banquillo de los acusados y revictimizándolas con estándares probatorios que no se adaptan a este tipo de delitos. La mayoría de las veces los casos son archivados y desestimados, o cuándo se elevan a juicio estos tardan meses, algunos años, mientras que las víctimas siguen padeciendo las consecuencias de los malos tratos y del desempleo. Contra todo esto, exigimos un criterio de selección de personas formadas con perspectiva de género para todos aquellos roles de poder y de decisión dentro de todos los espacios dependientes del estados. Para esto es fundamental la adhesión de la ley Micaela”.
Julieta Díaz cerró: "Planteamos esto con la esperanza de que este criterio se extienda a cualquier ámbito público y también al privado. Porque sabemos que esto sucede en cualquier espacio de trabajo. El sistema debe reinventarse de raíz, para garantizar un clima laboral justo y saludable. El trabajo debe dignificar, no humillar. Debe aplicarse un protocolo de género en cada ámbito privado o público, y debe ser respetado por cada persona que integre esos espacios".
Fuente: La Nación