Integrantes del Ministerio Público de Azul fueron grabados durante una capacitación en la que se habrían manifestado en contra de la interrupción legal del embarazo y brindado información contraria a los estándares nacionales e internacionales.
Ante esta situación, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) realizó un pedido de información pública al Fiscal General de Azul, Dr. Marcelo Alberto Sobrino para “solicitar se expida sobre el criterio que posee el Ministerio Público a su cargo respecto de la aplicación del fallo “F. A. L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos de interrupción legal del embarazo (ILE) que llegan a conocimiento de las Unidades Fiscales de la ciudad”.
El equipo jurídico de ELA formalizó la petición ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul. Se solicitó al Dr. Sobrino que aclare las manifestaciones realizadas en una charla destinada a profesionales de la salud en un hospital de la zona en diciembre de 2018, si bien el comunicado oficial se dio a conocer el jueves.
Según señalaron, el Fiscal asistió a la actividad junto a otro integrante del Ministerio Público a su cargo y “realizó una serie de afirmaciones que resultan contrarias tanto a los estándares internacionales como nacionales existentes en materia de salud sexual y reproductiva”.
Se refirieron a la "inaplicabilidad del fallo “F. A. L.” en los casos que llegan a conocimiento del Ministerio Público de Azul, utilizando un criterio de interpretación restrictivo de las causales de aborto que vulnera, también, principios básicos del Estado de Derecho como los principios de legalidad, reserva y pro persona”.
Desde ELA aseguraron que “estas afirmaciones confunden a la ciudadanía, alejan a las mujeres y adolescentes de los servicios de salud e infunden temor en los equipos profesionales cuya misión es informar, acompañar y garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo los casos de ILE”.
Por último insistieron en remarcar que “estas acciones vulneran principios constitucionales y estándares internacionales afianzados por diversos organismos internacionales de derechos humanos y pueden resultar en graves consecuencias para la salud y la vida de niñas, adolescentes y mujeres”.
Fuente: ela.org.ar