La investigación paralela a la causa por el homicidio del abogado Marcos Alonso, la que tiene en la mira al juez de Garantías Antonio Saladino indica que, en la Suprema Corte de Justicia se realizaron ya los sorteos de los abogados que integrarán el cuerpo de cinco conjueces, aunque aún no se conocen oficialmente los nombres ni las procedencias.
En tanto en el Senado, según dice la ley de enjuiciamiento a magistrados, los conjueces provenientes de la Cámara Alta deberán sortearse en la primera sesión ordinaria.
Teniendo en cuenta que la apertura de sesiones se realiza el 1º de marzo en la Cámara de Diputados en la asamblea legislativa Nº 138 y que la primera sesión sería el 10 de marzo, se extienden los plazos para seguir con los pasos previstos por la ley para proceder a enjuiciar a Saladino.
Es que cuando el Senado -con un sesión hipotética el 10 de marzo- haga su sorteo de legisladores abogados para seguir con el procedimiento, se habrán consumido 30 de los 90 días de suspensión que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al Juez para determinar si lo somete (o no) a un juicio que podría terminar en destitución.
Y además, aún no se conoce si con estos plazos, la Suprema Corte extenderá la suspensión a Saladino.
Una vez integrado el Jurado de 11 miembros –el presidente de la Corte, los cinco conjueces sorteados por la Corte y los cinco legisladores abogados, el cuerpo analiza si la denuncia está enmarcada en las faltas a las que se refiere la Ley vigente como causal suficiente para impulsar la remoción o destitución de un juez.
Entre otras, las causas –que son abiertas- para poder desplazar a Saladino se analizarían: incumplimiento de los deberes de su cargo, realización de actos de parcialidad manifiesta, y en caso de existir pruebas concretas, “cohechoâ€.
Una vez que el Jurado decida que efectivamente la acusación es sólida, debe ordenar a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados que empiece la instrucción preparatoria.
La mencionada secretaria debe empezar a investigar en una función parecida a la de un ‘fiscal’ en un proceso ordinario, recolectando pruebas que puedan sostener la acusación y tiene 90 días –con opción a extenderlo por un período similar con causa justa- para terminar la instrucción.
Finalizada la instrucción, la Secretaría de Enjuiciamiento debe informar al Tribunal conformado para tratar esta denuncia en particular los que a su vez dan traslado “por 30 días†al denunciante, a la Procuración y a la Comisión Bicameral “para que manifiesten su intención de ser parte acusatoria en el proceso.
Una vez aceptado de parte de uno de ellos ser parte acusadora, se le da traslado al acusado quien puede tomar intervención en la causa y cualquier instancia del proceso para que formule su defensa.
Tras estos procesos se inicia el juicio contra el magistrado que podría terminar con su destitución. O no. Y si los plazos se cumplen sin demoras extras la destitución o no de Saladino se podría cumplimentar cerca de fin de año.
