Este sábado entrará en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil que promulgó el Congreso en marzo pasado, en reemplazo de la normativa que regía desde 1980 y tanto funcionarios judiciales como los especialistas coinciden en la incertidumbre y la orfandad de recursos para hacer frente a una nueva realidad que podría llegar a duplicar la cantidad de causas sobre los escritorios.
El doctor Diego Fernández, defensor general del Departamento Judicial de Azul, hizo un amplio análisis de lo que implicará en lo contextual la entrada en vigencia de esta Ley 27.801.
“Estamos preocupadísimos, porque no sabemos todavía cómo vamos a sostener esta nueva demanda de casos. No tenemos infraestructura, carecemos de instituciones especializadas que puedan estar preparadas para recibir a estos jóvenes y al mismo tiempo tenemos que ver cuál va a ser la decisión de los jueces en la justicia juvenil” expresó.
“Tal vez se vuelva a insertar el encarcelamiento preventivo como uno de los ejes del sistema y eso es tremendamente grave, porque si encarcelamos a los jóvenes ni siquiera vamos a vivir más seguros” dijo.
“Cuando se piensan reformas a los sistemas de enjuiciamiento tiene que hacerse un trabajo mucho más serio de cuáles son las consecuencias de las previsiones normativas. Siempre digo que nuestras reformas pasan por lo normativo, pero no por aquello que viene después y este es un verdadero problema de implementación que sufrimos todos, porque en realidad lo sufren los jóvenes, lo sufrimos nosotros que operamos en el sistema, pero también lo sufre la sociedad misma” comentó el doctor Fernández.
El nuevo sistema tiene como principal característica la ampliación de la base punitiva. “Seguramente esto pueda llegar a tener impacto también en los procesos de prisionización. Y este impacto, además, debería tener previamente un establecimiento por lo menos de cuáles pueden ser esas consecuencias; poder prever si los actuales lugares de alojamiento tienen la capacidad para recibir nuevos jóvenes o vamos a terminar hacinando jóvenes en centros especializados” planteó.
En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, el funcionario manifestó que tiene muy pocos centros especializados de jóvenes y las que se llaman “casas de contención” han ido desapareciendo. En el Departamento Judicial de Azul existe un centro cerrado, el Leopoldo Lugones, que se encuentra en Tandil.
“Las casas de contención eran lugares de alojamiento de jóvenes que estaban cumpliendo la pena privativa de libertad o bien bajo un sistema de encarcelamiento preventivo, donde asistían a los chicos, podían ir a la escuela, salir a realizar actividades educativas, escolares, recreativas, deportivas y este modelo fue desapareciendo por cuestiones presupuestarias a lo largo de los años” lamentó.
“Frente a la expectativa de la puesta en vigencia de esta nueva ley tenemos muchas incertidumbres acerca de cómo vamos a trabajar. La ley incluye la figura de un supervisor, que sería una especie de oficial de acompañamiento de jóvenes que no está tampoco definida y además la ley tiene por sí algunas deficiencias normativas que nos hacen suponer que el impacto en los procesos de prisionización puede llegar a ser alto” anticipó.
Entre los grandes problemas que plantea esta ley, el Dr. Fernández identificó que la discusión se centró en la baja de la edad de imputabilidad: “De por sí es muy criticable, porque uno tiene que pensar en lo que pretende a través del sistema de justicia juvenil y es que podamos construir ciudadanía con nuestros jóvenes, que podamos trabajar justamente para reducir el impacto de la vulnerabilidad y a la vulnerabilidad social le agregamos ahora las vulnerabilidades del sistema penal”.
En el mismo sentido alertó que las implicancias serán todo lo contrario del efecto buscado. “Esto va a redundar en cuestiones de seguridad pública que no van a ser las mejores”.
“La Corte había establecido algunos principios muy básicos y elementales de la justicia penal de jóvenes, como que un joven no puede ser juzgado y después condenado con una misma sanción que puede tener un adulto y la ley juvenil, a diferencia de la ley que deroga -que era incluso una ley del proceso- echa por tierra esto y dice que las escalas penales son las mismas. Lo único que establece es un tope de 15 años de prisión” expuso
El Dr. Fernández avizora un mayor número de jóvenes en situación de deprivación de libertad. “Pareciera que vuelve a ser nuevamente el eje del sistema, cuando en realidad la justicia juvenil no tiene una finalidad represiva, sino que tiene una finalidad reparadora” recordó.
“Temor” fue la palabra utilizada por el funcionario judicial, a que “esto no pueda ser abordado por la Provincia, que esto genere dificultades a la hora de pensar cómo vamos a administrar a un grupo de jóvenes que van a terminar ingresando al sistema penal sin los lugares mínimamente adecuados como para que puedan tener un trato digno”.
“Es inconstitucional estar preso en la Provincia” sostuvo el Dr. Fernández al recordar que sus cárceles, como las de todo el país, no responden al mandato de “ser sanas y limpias, exclusivamente para la seguridad y no para el castigo de los detenidos”.
“Si los jóvenes empiezan a ser alojados en ámbitos superpoblados vamos a tener en todo caso también un alojamiento que no respete mínimamente a aquellas máximas constitucionales que hablaban de cárceles sanas y limpias, con el agravante que se trata de jóvenes” sentenció.
“Todos queremos vivir en sociedades más seguras, pero también queremos vivir en sociedades que permitan que los jóvenes tengan una oportunidad y una alternativa. Y que el paso por el sistema penal no sea en definitiva un máster de criminalista” advirtió el Dr. Fernández.
