Un proyecto de la senadora provincial María Isabel Gainza busca endurecer la ley antitabaco bonaerense al prohibir el consumo de cigarrillos en hoteles, bares, restaurantes y hasta en los bingos, al tiempo que aumenta el monto de las penas para los infractores.
El proyecto pretende reformar la ley 13.894 ya que a dos años de su aplicación surge – de acuerdo a la iniciativa presentada ayer- la necesidad de avanzar en la protección de la salud de los ciudadanos ampliando la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados y colectivos, lo que, por otro lado, satisface las demandas de los ciudadanos, como corroboran recientes encuestas de opinión pública.
La regulación propuesta busca beneficiar a dos grupos exceptuados por la actual norma: “Por un lado, el de menores, grupo especialmente sensible de la población que está expuesto al humo del tabaco en los lugares públicos cerrados. Por otro lado, el de trabajadores de los sectores gastronómico y hotelero que se encuentra claramente desprotegido con respecto al resto de los trabajadores, al estar expuestos al humo de tabaco ajenoâ€, destaca la legisladora olavarriense.
Pese a que la normativa intenta aumentar los espacios libres de humo, tiene en cuenta las pautas culturales de nuestra sociedad. Es que, por ejemplo, hay ciudades que han avanzado más en la protección de sus poblaciones, como Nueva York, que a partir del 23 de mayo próximo prohibirá fumar en espacios públicos al aire libre como parques o playas.
La senadora de la Coalición Cívica concluye que la iniciativa “busca, por un lado, restringir el consumo y la venta, con el aumento de los espacios sin humo, la limitación de la disponibilidad y accesibilidad a los productos del tabaco, especialmente a los más jóvenes y la garantía de que el derecho de la población no fumadora a respirar aire no contaminado por el humo del tabaco prevalece sobre el de las personas fumadoras. Resulta oportuno y necesario introducir nuevas medidas en la venta y consumo de tabaco para subsanar las limitaciones y deficiencias de la legislación existente que el paso del tiempo, la progresiva evidencia científica, la mayor sensibilización y concienciación social han vuelto evidentesâ€.
Por último, la norma restringe la publicidad y la promoción de los productos del tabaco, ya sea directa o indirecta -como los programas de televisión en los que haya presentadores o invitados fumando-; y también propone un incremento de las sanciones (un monto equivalente al valor de hasta 2500 packs de 20 cigarrillos) para los directores, propietarios y responsables de los ámbitos y lugares alcanzados por la prohibición de fumar, acorde con la ampliación de esta última y con la necesidad de alcanzar un mayor grado de cumplimiento del régimen propuesto.
Inmuebles Fiscales
Gainza además presentó un proyecto de ley que crea el Registro Unico de Inmuebles Fiscales, que permitirá al estado contar con información rápida sobre su patrimonio para poder satisfacer distintas necesidades de gestión y dar cumplimiento a los programas sociales.
Al fundamentar la iniciativa, la senadora olavarriense destacó que “es necesario que la Provincia de Buenos Aires cuente con una base de datos actualizada de cuáles son los inmuebles de su pertenencia, clasificándolos según la jurisdicción, construcción, aptitudes para uso de interés social y particular y los aptos para viviendaâ€.
Todos los días el estado recupera posesiones de inmuebles de manos privadas o bien recibe algunos otros por donaciones. Aunque las operaciones son anotadas en el Registro de la Propiedad, la administración provincial no cuenta con una base de datos que acredite su existencia y permita asignarles una función pública o social.
Para Gainza resulta incomprensible que el estado provincial no cuente con información precisa sobre su patrimonio ya que esta carencia genera “graves perjuicios fiscales mediante contrataciones innecesarias, como asimismo, que no se cubran los requerimientos habitacionales de los sectores de menores recursos: existen inmuebles ociosos que pueden ser afectados a los distintos planes de viviendas vigentesâ€.
Por último, el proyecto contempla que el futuro registro tendrá carácter público y que deberá ser consultado por los funcionarios antes del alquiler o la compra de algún inmueble por parte del gobierno bonaerense.
