El gobierno de Axel Kicillof buscará completar antes de fin de año la Suprema Corte bonaerense, en medio de vacantes históricas y negociaciones políticas aún abiertas para alcanzar consensos legislativos.
El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, aseguró este martes que el Gobierno trabaja para saldar una de las principales deudas institucionales del distrito: la integración plena del máximo tribunal.
“Estamos trabajando fuertemente para tener antes de fin de año la Suprema Corte completa”, afirmó en declaraciones radiales. Actualmente, la Suprema Corte bonaerense funciona con solo tres de sus siete integrantes, tras las salidas de Luis Genoud (jubilación), Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters (renuncias), y el fallecimiento de Héctor Negri. Se trata de una situación excepcional que arrastra años sin resolverse.
Vacantes, demoras y una deuda política
Mena defendió la gestión provincial en materia judicial y remarcó que, pese a las dificultades, se avanzó de abajo hacia arriba en la cobertura de cargos.
“En la provincia de Buenos Aires ya cubrimos en tan solo un año y cuatro meses 412 vacantes de jueces, defensores y fiscales, de un total de 700. Nos faltan, por supuesto, pero veníamos de ocho años en los que no se cubrían vacantes”, sostuvo.
En esa línea, contrastó la situación con el ámbito nacional: “Desde el último envío que hice en 2022 no se aprobó una sola vacante más a nivel federal”.
Sin embargo, el caso de la Suprema Corte presenta una complejidad adicional. A diferencia de otros cargos judiciales, los ministros del máximo tribunal deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Senado bonaerense con mayoría absoluta, según lo establece la Constitución provincial.
La dificultad de los consensos
El propio gobernador, Axel Kicillof, había reconocido recientemente las dificultades políticas para avanzar con los nombramientos. “Necesitás mayorías legislativas que no teníamos”, planteó y cuestionó la estrategia del Gobierno nacional al proponer candidatos sin acuerdos previos.
“Tengo por delante el desafío de construir la mayoría necesaria para nombrar las vacantes. Hicimos un avance que es histórico en el Poder Judicial, nombramos más de 200 jueces, vamos paso a paso”, explicó.
Además, el mandatario reveló que mantiene diálogo institucional con la Corte actual. “Estuve con Hilda Kogan y estamos coordinando políticas criminales en áreas de seguridad, de menores, de mujeres y géneros”, señaló.
Un tribunal limitado
La falta de integración plena no impide el funcionamiento cotidiano del tribunal, ya que pueden designarse subrogantes. Sin embargo, sí restringe su capacidad institucional.
El juez e integrante del Máximo Tribunal, Daniel Soria advirtió recientemente en una disertación en Olavarría en estas condiciones, “no se puede sentar jurisprudencia”, lo que limita el rol del máximo tribunal como intérprete final del derecho en la provincia.
“El tiempo no es indiferente porque la Constitución fija un plazo para remitir las propuestas y es exiguo, son 15 días después de producida cada vacante. Creo que la Constitución es muy aleccionadora, muy sabia, porque son cargos críticos y el tiempo no es indiferente, no hay discrecionalidad” sostuvo el magistrado.
(Infocielo)