En las últimas horas, las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires reclamaron al Gobierno bonaerense la autorización correspondiente para actualizar las cuotas luego del aumento salarial retroactivo otorgado a los docentes, en un contexto de preocupación financiera del sector y a pocos días del inicio del ciclo lectivo.
Es preciso mencionar que, el planteo fue realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA), que nuclea a las escuelas privadas de todos los niveles educativos en el territorio bonaerense, y surge como respuesta directa al acuerdo paritario que incluyó un incremento salarial retroactivo para el personal docente, decisión que, según la entidad, alteró de manera significativa la estructura de costos de los colegios sin que estos tengan una herramienta para compensar ese impacto.
Es que, desde la Asociación que lidera Martín Zurita advierten que los nuevos costos laborales no pueden ser absorbidos con los aranceles vigentes que cobran las escuelas privadas, y que la falta de una adecuación inmediata genera un desfasaje difícil de sostener para todas las instituciones no estatales de la provincia de Buenos Aires.
En tanto, desde la organización explicaron que las instituciones atraviesan un “fuerte desequilibrio económico” a partir de la actualización salarial acordada en paritarias, dado que las cuotas se mantienen sin cambios al menos hasta marzo, mes en el que históricamente se habilita la primera actualización arancelaria del año, lo que deja a los colegios con varios meses de costos incrementados y sin ingresos adicionales que permitan afrontarlos.
En ese sentido, Zurita detalló que los colegios que reciben aporte estatal solo pueden aplicar cuotas actualizadas a partir de marzo, y que esa limitación genera una brecha de aproximadamente tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales, una situación que tensiona las finanzas de las escuelas privadas justo en el período previo al inicio de clases.
El impacto económico, según precisaron desde la asociación, supera el 8% en términos de costo salarial, ya que al aumento del 1,5% correspondiente a diciembre se suman el pago del aguinaldo y las subas previstas para enero y febrero, todo ello sin que se haya modificado el monto de las cuotas e incluso sin que se hayan cobrado aranceles durante los meses de receso de la actividad académica, lo que agrava el desbalance entre ingresos y egresos.
En tanto, el reclamo de las escuelas privadas adquiere mayor dimensión si se tiene en cuenta que en la provincia de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios que reciben subvención estatal para cubrir parte de los salarios docentes, cifra que representa más del 70% del total, todos ellos obligados a respetar los topes arancelarios fijados por el gobierno provincial, aun cuando sus costos operativos continúan en alza.
Por eso, desde AIEPA señalaron que este escenario configura “un momento de cambios” y plantea “desafíos severos” para el sostenimiento del sistema educativo privado, ya que la combinación de aumentos salariales, aranceles congelados y limitaciones normativas reduce el margen de maniobra de las instituciones, especialmente de aquellas que dependen en gran medida de las cuotas para afrontar gastos corrientes.
A este panorama se suma otro factor que, según AIEPA, profundiza las dificultades financieras: el crecimiento de la morosidad. Es que, las escuelas privadas reportan niveles de deudas por parte de las familias por encima del promedio histórico, una situación que Zurita vincula con las dificultades en los presupuestos familiares, y que agrega presión a un sector que busca una respuesta oficial antes de que comiencen las clases en la provincia.