El Gobierno volvió a poner en marcha medidas ante las auditorías que se realizan en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y suspendió 110.592 pensiones por invalidez laboral al considerar que no le correspondían a sus respectivos beneficiarios. Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
“La Andis suspendió más de 110.000 pensiones, concretamente 110.592 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas, y unas 10.038 de personas que efectivamente tomaron la decisión de renunciar a la pensión“, manifestó este viernes.
En este sentido, añadió: “Entre las suspendidas, encontraron casos resonantes, gente que presentó la misma radiografía o ecocardiograma que otras personas, la misma medición de presión. En Tucumán se encontraron casos que repitieron el mismo estudio”.
Se trata de una investigación que apunta a un esquema de corrupción masivo, el cual habría iniciado en la gestión de Néstor Kirchner, ade acuerdo a lo que argumenta el gobierno. “Este mecanismo no es novedoso, como ya mencioné en otra conferencia, siempre con los mismos ejemplos. El de Chaco, que se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada”, explicó el funcionario libertario.
“Cabe recordar que en este organismo se encontró una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año”, añadió Adorni.
De este modo, mencionó las cifras: entre 2003 y 2015, bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Esta cifra bajó a 1.026.000 entre 2015 y 2019, con Mauricio Macri. Para volver a subir a 1.222.000 en diciembre de 2023, es decir, después “de los cuatro años de la gestión del profesor (Alberto) Fernández”, como dijo el vocero.
El esquema de corrupción en discapacidad
Como había explicado este medio anteriormente, se estima que se produjo un desvío de fondos de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad. Estos fuertes aumentos de emisiones de pensiones por invalidez supuestamente falsas se dieron entre los años 2003 a 2015.
Con la llegada de Mauricio Macri al poder, se “planchó” la cantidad de beneficiarios e incluso hubo una leve caída. No obstante, ya bajo la gestión de Alberto Fernández volvió a haber un gran incremento: la cifra volvió a elevarse a tal punto que alcanzó las 1.250.000 pensiones.
Las investigaciones que inició el oficialsimo actual maniobraron hasta aparentemente llegar a casos de beneficiarios que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo a algunos con bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y múltiples inmuebles, así como personas que trabajaban.
Alrededor del 35% de los subsidios otorgadas en estos años presentaron incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo. Mientras tanto, el otro 30% restante presenta incompatibilidades en las condiciones médicas: encontraron radiografías que no son de personas, sino de perros.
Se trataría de un “mecanismo perverso“, según dicen desde Nación, que ha vulnerado los derechos de las personas con discapacidad, utilizándolas a costa de intereses ajenos. Todo el dinero que se debió invertir en esta área históricamente vulnerada, fue a parar a otros sitios para beneficios y arreglos políticos.
Desde la Agencia confirmaron a este medio que la Justicia ya está investigando desde hace tiempo lo ocurrido, pero no avanzaba debido a que las gestiones anteriores no otorgaban información de sus registros: “Desde que asumimos, empezamos a brindar todos los datos a la Justicia y empezamos a auditar también nosotros en el marco de esas causas y de nuevos relevamientos y auditorías“.
Según informaron el año pasado, el fiscal Guillermo Marijuan ya denunció a funcionarios de otras administraciones y, en paralelo, pidió iniciar las investigaciones pertinentes de la mano de otros fiscales que actuaron en distintos puntos del país donde tuvieron lugar dichos esquemas dudosos. (DIB)