La Confederación General del Trabajo (CGT), gremios agrupados en CTA-ATE y organizaciones sociales como Libres del Sur, la Federación de Tierra y Vivienda y la CC realizaran esta semana fuertes protestas contra diversos aspectos del plan económico del presidente Javier Milei, en medio de rumores de la inminente publicación de un decreto que implica 7 mil despidos en el Estado y de cambios drásticos en la organización de los planes sociales.
Una de las protestas será encabezada por la CGT y las dos CTA (De Los Trabajadores y Autónoma) que marcharán el miércoles a Tribunales para pedir una medida que frene la aplicación del mega DNU firmado por el presidente Javier Milei para desregular buena parte de la economía argentina. En la jornada posterior habrá reuniones y asambleas para definir planes de lucha que podrían incluir, sobre en el caso de las CTA, la convocatoria a un paro de actividades.
En esa jornada de protesta también incluye la participación de organizaciones sociales, como Libres del Sur. El día posterior, la Corriente Clasista y Combativa de Carlos Alderete y la Federación de Tierra y Vivienda orientada por Luis D´Elía reeditarán el “matanzazo”, una fuerte protesta realizada durante la crisis de 2001, que podría incluir, como aquella vez, el corte de la Ruta Nacional 3, que atraviesa el distrito.
Ambas protestas significarán un nuevo desafío para el llamado “protocolo anti piquetes” que estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que obliga a que las protestas sean realizadas en las veredas, sin cortar calles ni rutas, bajo la amenaza de fuertes sanciones y represión de “todas las fuerzas de seguridad federales”.
En medio de ese clima, el gobierno nacional tiene previsto publicar mañana un nuevo DNU, esta vez para comenzar a realizar la reforma del Estado, que también está contemplada en el Mega DNU número 70 y en uno de los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo para ser tratado en el período de sesiones ordinarias del Congreso.
Ese nuevo decreto concretaría el anuncio presidencial, ratificado luego por el ministro de Economía, Luis Caputo, de no renovar los contratos de empleados estatales firmados por primera vez desde el 1 de enero de 2023 en adelante y que vencen este 31 de diciembre. Implicaría, según cifras no conformadas por el gobierno, que unos 7 mil agentes públicos se quedarían sin trabajo.
Además, el decreto contendría la apertura de la etapa de evaluación de todas las estructuras del Gobierno, por los próximos 90 días, para definir cuáles de los demás puestos se mantendrán y cuáles no, dando lugar a una eventual nueva etapa de recortes. (DIB)
