La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizó fuertes cuestionamientos a las medidas adoptadas por el Poder Judicial, en el marco de la emergencia epidemiológica internacional desatada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
En este marco, expresaron que “ la Suprema Corte y la Procuración General tienen la responsabilidad de instrumentar las medidas necesarias para garantizar el cuidado de las y los trabajadores judiciales” y “aunando esfuerzos en materia de salud pública con el resto de las instituciones estatales, ordenar de manera clara y precisa el aislamiento social de todo el personal del Poder Judicial que no sea imprescindible para la atención de cuestiones de máxima urgencia, valoradas en un contexto de emergencia sanitaria nacional”.
Cabe recordar que luego de la suspensión del dictado de clases en todo el país, el pasado 16 de marzo la Suprema Corte, en coordinación con la Procuración General, dictó la Resolución 386/20 por la que dispuso el asueto con suspensión de términos entre el 16 y el 31 de marzo, período durante el cual estableció la “prestación mínima del servicio de justicia, que se limitará a la atención de los asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación”.
Sin embargo para el gremio, “la vaguedad de los términos utilizados en esa resolución generó que los criterios para determinar qué trámites judiciales resultaban de urgente atención y cuáles las dotaciones de personal necesarias para su despacho fueran definidos en forma atomizada por autoridades intermedias, sin un criterio unificador”.
“En los hechos, una parte importante -y en muchos casos innecesaria- del personal del Poder Judicial fue convocada a prestar tareas, tanto en el ámbito de Administración de Justicia como del Ministerio Público, contraviniéndose las recomendaciones de aislamiento social dispuestas por las autoridades sanitarias. La oportuna intervención de la AJB durante el transcurso de esa semana permitió ir mitigando esta situación” advirtieron.
Señalaron que en el plano nacional “la situación cambió radicalmente la noche del 19 de marzo, con el anuncio del Poder Ejecutivo Nacional del decreto 297/20 por el cual se disponía el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a partir de la madrugada del 20” pero “poco o nada cambió en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires”
“El viernes 20 la Suprema Corte se limitó a dictar una resolución de Presidencia que, luego de realizar algunas modificaciones menores –modo de inicio de las causas, decisiones en órganos colegiados y reducción del horario de atención al público-, ratificó el esquema de funcionamiento judicial dispuesto por la Resolución 386/20 y sus complementarias. Además, vuelve a delegar en las y los magistrados y otros titulares de dependencia la facultad de convocar a “las personas […] que estime necesarias e imprescindibles para la prestación del servicio” dijeron .
En este contexto, también consideraron “inoportuno e inadecuado el enfoque de la situación dado por la entidad representativa de magistrados y magistradas a nivel provincial, quienes a través de un audiovisual realizan una suerte de convocatoria irreflexiva a sostener el funcionamiento de la justicia, sin condicionamiento ni limitación alguna. Al respecto, reiteramos que sin desatender las cuestiones de máxima urgencia, es momento de priorizar la protección de la salud de las personas que hacemos funcionar el Poder Judicial -con o sin crisis- y del conjunto de la sociedad”.
Finalmente reclamaron a la Suprema Corte “la convocatoria a un comité de crisis con participación de la Procuración General y de funcionamiento permanente, para que en un ámbito de diálogo institucional efectivo se construyan los consensos necesarios respecto de las medidas a adoptar en el Poder Judicial”
Y pidieron a sus afiliados y afiliadas que “de no realizarse la reunión reclamada, quienes se encuentren incluidos en alguno de los supuestos descriptos en los párrafos anteriores o atraviesen situaciones de conflicto, se pongan en contacto con las Comisiones Directivas Departamentales para garantizar la debida intervención gremial”.