"La escuela tiene que volver a ser un lugar sagrado, donde la totalidad de la comunidad educativa se sienta respetada, protegida y representada". Con estos argumentos centrales, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, justificó la flamante resolución que prohíbe las actividades "político-partidarias" en los establecimientos de enseñanza de la Provincia.
La reglamentación firmada por el titular de la cartera educativa deja las puertas abiertas a encuentros que analicen aspectos de la realidad o promuevan la discusión de ideas "siempre y cuando se aborden desde la pluralidad y se eviten las voces sesgadas". Procura vedar la utilización de los edificios escolares para prácticas que en tiempos recientes generaron polémica entre padres y docentes y fueron caracterizadas como "intentos de adoctrinamiento."
Emitida como Resolución Nº7/07, la medida pasa a integrar el cuerpo normativo que regula el empleo de las sedes escolares -tanto fuera del horario de clases como durante los feriados y días no laborables- para la convocatoria de jornadas educativas, deportivas, culturales, recreativas y solidarias.
"Es importante aclarar que se podrán realizar reuniones para reflexionar y tratar problemáticas políticas en sentido amplio, con representación de diferentes voces" subrayó Finocchiaro: "Se puede citar como ejemplo el caso de una escuela de Alberti, en la que se concretó el debate entre los candidatos a intendente; pero no se admitirá que se exprese una fracción en desmedro de las otras, ni que se tiña o embandere una escuela con las insignias de una sola de ellas".
"Los partidos deben promover sus actividades proselitistas en espacios concebidos para ese fin. La escuela debe ser un ámbito de respeto para todos los que allí enseñan y estudian, y un espacio idóneo para un buen proceso de aprendizaje y crecimiento", resumió el funcionario, que aseguró que la resolución "para nada modifica o condiciona la actividad que desarrollan los centros de estudiantes".
El texto conocido este lunes también establece que no podrán realizarse actividades "con connotaciones raciales o que afecten los principios y fines establecidos por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires".