De la ceremonia participaron además el ministro de Justicia, Ricardo Casal; la Procuradora General ante la Corte, María del Carmen Falbo; y el presidente del Colegio de Abogados de la provincia, Jorge Alvarez.
El gobernador se preguntó “cómo puede ser que tengan que llevar pancartas con las fotos de sus familiares muertos frente a los Tribunales para que se ocupen de ustedes”, al dirigirse a un grupo de familiares de personas asesinadas presentes en el acto.
El acuerdo prevé que los 18 colegios de abogados distribuidos en los departamentos judiciales de la provincia realicen listados en los que los letrados se anoten para brindar esa asistencia a personas que no puedan pagar los servicios jurídicos.
“En los listados se inscribirán los abogados y luego probablemente hagamos un pequeño cursillo y a las víctimas se les sorteará el abogado. Están excluidas las cuestiones que tienen contenido patrimonial, es decir que exista la posibilidad de una indemnización para la víctima”, explicó Alvarez.
El presidente del Colegio provincial agregó que “hemos establecido excepcionalmente una rebaja de hasta el 50 por ciento de la ley de aranceles” para la implementación del convenio.
Por su parte, la Procuradora María del Carmen Falbo señaló que "una de las mayores falencias en la investigación en la Provincia es la situación de las víctimas, que no pueden ser convidados de piedra”.
