Semanas atrás se llevaron a cabo en la unidad penal Nº 38 de Sierra Chica y en el complejo universitario de Olavarría, las Primeras Jornadas Regionales “Educación en la cárcel. Políticas y prácticas educativas”, organizadas por la Defensoría General con sede en la ciudad de Azul, la Secretaría de Extensión de la UNICEN y las Facultades de Ciencias Sociales y Derecho de la misma Universidad.
En ese espacio académico plural se revisaron supuestos y prácticas que inciden en el efectivo cumplimiento del derecho a la educación en contextos de privación de la libertad, sumando para ello, entre otros actores, a los propios estudiantes de los distintos niveles del sistema educativo que se encuentran en prisión.
Invitados por Unicen Divulga, los especialistas provenientes del ámbito de la justicia, de la seguridad y de la educación que participaron en el encuentro -que reafirmó el compromiso de intervención de la universidad pública en el universo carcelario- reseñan en esta edición las principales temáticas tratadas. A continuación una síntesis del dossier.
En la educación hay muchas educaciones posibles
Analía Umpierrez es Mag. en Educación y Coordina el Programa “Universidad en la Cárcel”, de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el Programa “Educación en Contextos de Encierro” de la Facultad de Ciencias Sociales de esta casa de estudios.
En su artículo para UNICEN-Divulga explica, entre otros puntos que, “la universidad ingresa al ámbito carcelario con una propuesta de trabajo por fuera de las políticas penitenciarias que piensan a la educación como “re-inserción” o “re-socialización”. Se concibe a la educación como derecho humano y a la Universidad Pública como institución que asume la tarea de generar espacios para el goce de este derecho. El eje esta puesto en que la Universidad Pública debe garantizar el derecho a la educación y asumir un papel central de promoción cultural, a partir de reconocer que los destinatarios son sujetos que se presumen con trayectorias escolares complejas y con escasas oportunidades de acceso a la cultura en sus múltiples expresiones. Parecería paradojal que estando en la cárcel gran parte de los detenidos alcanzan por primera vez el cumplimiento del derecho a la educación”.
En otro párrafo la especialista agrega que, “Una de las tareas obligadas para los que nos involucramos con la educación es interrogarnos sobre sus sentidos, especialmente sobre lo que cada uno de nosotros supone que es educar. La educación no es ingenua ni inocua. En la educación hay muchas educaciones posibles. Preguntarse cuál es el propósito del sistema educativo en su conjunto y de nuestra tarea como educadores, es interrogarlo (e interrogarnos) si está interesado en “mostrar a la gente cómo aprender por si mismos” o busca el “adoctrinamiento” de las personas. Esta es una de las claves de lectura que nos implica como docentes no sólo -pero urgentemente- en este ámbito”.
Finalmente Analía Umpierrez es taxativa al afirmar que, “Así, la escuela se puede reposicionar y diferenciar en el ámbito de la cárcel y de la sociedad en la medida en que los docentes revisemos y redefinamos nuestra identidad por la capacidad de transformación del mundo, sin dejar de lado el afecto y el reconocimiento del otro, pero centralmente por nuestra capacidad como mediadores en la alfabetización política de los estudiantes: poder leer el mundo, sus desigualdades y la capacidad de pensar que las cosas están así, no son así y por tanto, pueden ser cambiadas, diría Freire”.
La educación en contextos de encierro, sometida a discusión en talleres participativos
Las profesoras María Isabel Labattaglia y María Soledad Kelly (quienes se desempeñan en el Poder Judicial Federal y son coordinadoras de Educación en Contextos de Privación de la Libertad, en la Facultad de Derecho de la UNICEN) reseñan, por su parte, las interesantes discusiones que tuvieron lugar en los talleres de las mencionadas jornadas.
Al respecto dicen en el artículo que “con una participación de más de doscientas personas, se trabajó sobre dos ejes: el primero denominado “Documento sobre Educación en Contextos de Encierro”, desarrollado por la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul, donde se estableció el estado de situación de la educación en contextos de encierro en la región centro de la Provincia de Buenos Aires, tomando como base el espacio interinstitucional generado a través de las “Mesas de Diálogo Educativas en Contextos de Encierro” –y agregan más adelante que- el segundo eje sobre el que se trabajó fue “MIRADAS. La Educación en la cárcel desde el punto de vista de los estudiantes”, documento elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN”. Como resultado de los debates y análisis realizados en talleres, entre otros problemas detectados -se visualizó, según el informe- el acceso a los pabellones, los castigos colectivos, el oficio del interno como prioridad, los problemas de infraestructura, los traslados de alumnos, la autonomía de la escuela respecto del Sistema Penitenciario Bonaerense, la educación como herramienta de tratamiento y no como Derecho Humano, el bajo nivel de inclusión educativa, la desactualización de las herramientas educativas, la falta de articulación entre los niveles educativos, el impedimento de ejercer el derecho a la educación cuando se ha impuesto una sanción disciplinaria, la selectividad y discrecionalidad en el acceso, la deficiencia en el acceso a certificaciones de estudios, la falta de información y difusión de las ofertas educativas existentes, la escasa representatividad y participación de los estudiantes, la necesidad de jerarquización de la labor docente en contextos de encierro.
Finalmente Labattaglia y Nelly afirman que “Todas las soluciones han coincidido en que existe un desafío de transformación de prácticas antiguas por prácticas creativas para lograr igualdad, para evitar las barreras arquitectónicas, políticas y exclusivas; aportando cambios constantes que fortalezcan a la educación frente a la toma de decisiones del Servicio Penitenciario Bonaerense”.
La educación en cárceles: ¿política criminal o política educativa?
El Mag. Mariano Hernán Gutiérrez es abogado, docente e investigador y desempeña parte de su trabajo en el Programa de Estudios del Control Social, del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. En su artículo para UNICEN-Divulga realiza un pormenorizado análisis de cómo funciona el sistema en el que afirma, “históricamente todo lo que ocurre dentro de la cárcel es manejado por el personal especializado de la prisión. El discurso de la prisión siempre gira en torno a un proyecto y un objetivo de resocialización (rehabilitación, reeducación, reinserción social). Para ello, se supone, sabe poner en juego un arsenal de técnicas disciplinarias positivas y negativas (religión, trabajo, educación, vigilancia del comportamiento) que lograrán la transformación del individuo que allí ha ingresado. El presupuesto es que el individuo es un objeto que puede ser moldeado, y que, cuando entra es un objeto deficiente. Pero la práctica real y cotidiana de lo penitenciario está orientada a otro objetivo y otro problema: mantener el orden, “que no haya lío”, que no explote, que no genere costos políticos”.
Gutiérrez, luego de detallar aspectos de la lógica inherente al sistema penitenciario esgrime que, “Para todo este esquema hay una condición casi excluyente: que los de afuera no se metan” y agrega “Todo saber técnico que ingrese, como el de la salud, la educación, o el trabajo, sólo podrá hacerlo a costa de someterse a la lógica o a la supervisión penitenciaria, que una vez más será la única experta en administrarlo, conforme su esquema”.
No obstante destaca que, “los últimos años nos encuentran en una conjunción histórica excepcional. Por un lado, hace cuarenta años que el discurso de la resocialización ha entrado en crisis y enfrenta cuestionamientos desde la misma criminología, más radicales y extendidos que los que soportaron históricamente de los juristas”. En otro apartado comenta que, “en este contexto, desde hace casi unos diez años vemos que algunas políticas universales de salud se proponen llegar hasta la población penitenciaria; algunas denuncias por trabajo esclavo en la cárcel a veces generan reacciones desde las agencias de regulación del trabajo; y la educación de los presos comienza a ser entendida como parte de la política educativa, que debe llegar también, a esa población vulnerable que tiene esas condiciones particulares. Esto es una visión absolutamente excepcional y revolucionaria en la historia de las relaciones entre nuestras cárceles y el resto de las agencias del Estado. Una nueva lógica de gobierno por inclusión de esa población hasta ahora gobernada por la exclusión, que no vuelve a la lógica de la resocialización”.
El especialista finaliza su artículo explicando que “La porificación de los muros de la cárcel es un proceso que ya ha comenzado. La cuestión es si lo dejaremos pasar de lado centrándonos en nuestras viejas discusiones, y mirando de afuera un resultado que se presentará como aleatorio o ingobernable, o tratamos de aprovechar el momento para generar un tipo de pensamiento y acción verdaderamente reformadores, inclusivos, para llevar a la prisión a ser algo radicalmente distinto a lo que ha sido… o mejor dicho, para llevar la mirada de la educación y los derechos sociales a una población históricamente olvidada”.
Las políticas educativas en la cárcel desde la mirada de la sociedad civil
El Licenciado Francisco Scarfó inicia su artículo marcando que, “Es clave en la actualidad pensar las políticas públicas para diversos sectores en desventaja en pos de la inclusión social, como es el caso de las personas privadas de la libertad, pero no como una consecuencia de la acción estatal, sino como una acción que contenga a la igualdad (la no discriminación por la situación de privación de libertad) y la equidad (realización de medidas especificas para colectivos sociales en situación de vulnerabilidad, los/as encarcelados/as)”
Por otra parte explica que, “es imperioso que las políticas públicas tengan base en y por la normativa y perspectiva de los Derechos Humanos, en tanto libertades y garantías individuales como también los derechos sociales, en tanto recursos y acciones para mejorar la calidad de vida”.
El especialista logra en su informe un análisis exhaustivo en cuanto a la calidad de la educación en contextos de la privación de la libertad y propone, por otra parte, posibles acciones no sólo estatales, sino también desde la sociedad civil, en pos de mejorar el derecho al conocimiento en las cárceles.
Al terminar su trabajo Francisco Scarfó esgrime que: “Como final es relevante entender la educación como una oportunidad social tanto para el presente como para el futuro, que permite a la persona encarcelada desarrollar trayectorias educativas provechosas, concretando el derecho humano al proyecto de vida”.
“Por ello –afirma luego- ante los problemas que conlleva la garantía del derecho a la educación en las prisiones, la sociedad civil puede aportar mucho en lo que se refiere al control, al monitoreo, a la promoción sabiendo que su acción tendrá un impacto positivo en lo que ya hace el Estado pero también conllevará a abrir la cárcel, hacerla más democrática, más humana”.
Francisco Scarfó es referente del Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles (GESEC) y miembro, a su vez, del Comité Científico de la Cátedra UNESCO de investigación aplicada para la educación en la cárcel.
El derecho a la educación en contextos de encierro
“Hace ya casi dos años, a fines de julio de 2011, se modificó el capítulo de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad que refiere a los alcances de la educación en contextos de encierro” –explica al comienzo de su informe la Licenciada. Sofía Thisted, y agrega- esta modificación procura que todas las personas privadas de su libertad tengan derecho a la educación pública, como lo estipula la Ley de Educación Nacional, cuestión central porque gran parte de quienes están presos han sido en muchos casos excluidos del sistema educativo. Quienes pueblan las cárceles en la Argentina, mayormente, no tienen sus estudios completos, consigna un informe de 2007, del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (24.660)”
En otro párrafo esgrime que, “Esta ley, es sin duda, el resultado de un proceso de co-construcción entre la iniciativa de algunos detenidos estudiantes, algunos egresados ya liberados, espacios de extensión universitaria, diversos actores de la sociedad civil y diputados y senadores de diferentes bloques políticos que se comprometieron en su presentación y sanción”.
Luego de explicar cómo surge esta iniciativa legislativa, Sofía Thisted, comenta que “A mediados de 2011 se sanciona la Ley 26.695 por la que se garantiza el derecho a la educación para quienes están privados de la libertad, casi por unanimidad. – y agrega al finalizar su trabajo que, “Sabemos que una ley por sí sola no modifica realidades, y que la sanción de una norma no es más que un instante en un proceso de disputa. Es una expresión de un equilibrio de fuerzas que hoy no acuerda con que quienes estén privados de la libertad también lo estén del derecho a la educación. Sin embargo sabemos también que para que lo que en este texto –y que no es más que un primer paso en un largo camino- se torne realidad es necesario acompañarlo de una tarea militante tanto de quienes están detenidos como de los educadores, de quienes realizamos extensión universitaria, y de la sociedad civil en su conjunto. Y esta militancia ha de insistir en que las normativas jurisdiccionales revisen los modos en que está planteado el derecho a la educación en sus propias leyes y se pongan a tono con lo estipulado por las leyes nacionales. También que esta ley sea reglamentada”, finaliza, contundente Thisted.
La licenciada Sofía Thisted es docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y asesora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
La aplicación jurisprudencial de la nueva ley de estímulo educativo
La doctora Marta Monclús Masó en su trabajo, justamente hace especial hincapié en que “El 27 de julio de 2011 fue sancionada por el Congreso Nacional la Ley 26.695, que reforma el Capítulo VIII de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. La novedad central que aporta la reforma legal es la de incorporar un estímulo educativo mediante el art.140 que consiste en una reducción de “…los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario” para aquellos detenidos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de postgrado o de formación profesional. La disposición transitoria del art. 2° de la Ley 26.695 indica que ello será aplicable a “…toda persona privada de su libertad, que haya logrado las metas previstas con anterioridad a su sanción” –y aclara en otro párrafo Monclús Masó que- La redacción del artículo no ha sido muy feliz, puesto que en rigor la Ley de Ejecución 24.660 no establece plazos para avanzar en la progresividad, pero sí para acceder a egresos anticipados como las salidas transitorias, la semilibertad, la libertad condicional o la libertad asistida. De este modo, la imprecisión del legislador dejó librada la eficacia del sistema de estímulo educativo a la interpretación jurisprudencial”.
A partir de la entrada en vigor de la modificación legislativa, se produjeron los primeros pronunciamientos que pusieron de manifiesto amplísimas divergencias interpretativas en cuanto a la recepción judicial de la nueva norma. La doctora Marta Monclús Masó- Directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación- explica en su artículo casos particulares y relevantes que permiten visualizar cabalmente dichas divergencias.
UNICEN Divulga es un espacio coordinado por la Lic. Nancy Pastor bajo la dirección de la Dra. Ana Taborga, Secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Se puede acceder a todos los artículos completos del dossier “La educación en las cárceles bajo la lupa” a través del siguiente link de UNICEN Divulga de la página institucional de la universidad: http://www.unicen.edu.ar/content/la-educaci%C3%B3n-en-las-c%C3%A1rceles-bajo-la-lupa
