El ex juez Adolfo Rocha Campos habló con Infoeme sobre la destitución de Antonio Saladino del Juzgado de Garantías 1. Aclaró que no tuvo acceso a la sentencia y estimó que la actuación de la defensa del ahora ex juez busca habilitar la apelación a un tribunal superior.
Entendió que el caso debe interpretarse desde dos puntos de vista: “Uno es el negativo, que dentro de la Justicia hayan ocurrido los hechos que el fallo da por acreditados. Yo no lo voy a juzgar porque no conozco el expediente y no puedo opinar. Es un fallo que ha salido por unanimidad, debe estar sólidamente fundadoâ€. Al mismo tiempo analizó, “hay un aspecto positivo en el fallo, que es que los hechos ocurridos que son irregulares han sido sancionadosâ€.
Sin embargo, puntualizó sobre la afectación del servicio de justicia que estas situaciones conllevan en cuanto a funcionarios que dejan de cumplir con sus áreas por suspensiones durante los procesos. “Trasladándolo a un punto de vista amplio, sería de desear que la conducta del fallo y la línea política que sigue el fallo sea extensible a otro tipo de situaciones que en el momento actual estamos viviendo. Por ejemplo, en Olavarría existe el caso de otro fiscal que también está cuestionado y que lamentablemente su situación se demora considerablemente, que es el doctor Riveroâ€.
Para Rocha Campos, el objetivo debe ser la rápida resolución de estos casos. “Este tipo de cuestiones arroja dos problemas: uno el problema en sí, y otra que el alejamiento de un funcionario recarga de trabajo a sus colegas, que por supuesto ven mermada su capacidad laboral por el suplemento de tareas. Cuanto antes se solucionen este tipo de problemas siempre es lo mejor que puede ocurrir para una administración de justiciaâ€, consideró. En este sentido, calificó que el plazo de dos años –que demoró desde la suspensión de Saladino hasta la definición de la destitución en el jury- “es muchísimo, no caben dudas que han habido interferencias por parte de la defensa con el fin de prolongar este tema, con un fin que ellos sabrán, pero evidentemente ha habido una política dilatoriaâ€.
Consultado sobre la posible apelación de la defensa, el ex juez señaló: “Creo que el arma fundamental de la defensa en una eventual apelación es que ´nosotros no hemos comparecido para no convalidar los fallos procesales que ha habido durante la instrucción`â€, explicó de esa manera la ausencia de Saladino y de su defensor, César Sivo durante el proceso que se llevó a cabo en el Senado de la provincia.
Rocha Campos tuvo en cuenta que debería haber una instancia de apelación, a pesar de que se establece en la legislación vigente que el fallo de un juicio político es inapelable. “No conozco exactamente el proceso porque nunca lo he analizado detenidamente, pero debe haber una instancia superiorâ€, más adelante agregó, “en todo régimen republicano, una sanción de tipo penal y tan grave como esta, que se mezcla lo penal y lo administrativo, tiene que tener una revisión ulterior, sobre eso hay fallos de la Corte de la Nación que establecen la doble instancia. Así que en algún lado debe ser apelable. La estrategia es no convalidar para reservarse la posibilidad de plantear la defensa en una instancia ulteriorâ€.
Sobre este punto, tuvo en cuenta que a la normal dilación para la designación de un juez se sumaría otra situación: la destitución debe ser un fallo en firme ya que de lo contrario no se podría seleccionar otro funcionario para el puesto. Además, ejemplificó con su caso: “presenté mi renuncia al cargo de juez civil en agosto de 2011, llevamos prácticamente un año y todavía ni siquiera se ha elevado la terna para la designaciónâ€.
“Ser juez penal es una tarea duraâ€
Tras dejar en claro que no tiene conocimiento sobre los miembros del fuero penal local, Rocha Campos expuso, “tengo la impresión de que el fuero penal ha dado una prueba de su salud en la medida en que uno de los componentes básicos del fallo de Saladino es la intervención de otro funcionario judicial que impidió algunas maniobras que hubieran podido convalidar irregularidadesâ€.
De esta forma manifestó, “mi impresión sobre el fuero penal de Olavarría, que no lo conozco bien, tengo la impresión que está integrado por funcionarios de calidad, de buena formación que hacen lo que pueden con lo que tienenâ€.
El ex juez tuvo en cuenta que “la función de juez penal es mucho más complicada que la de juez civil. Reconozco que en ese aspecto, los jueces civiles llevábamos ventajas. Sobre los jueces penales está puesta la mirada de toda la sociedad. Sobre los jueces civiles no, tienen la ventaja de que el conflicto que dirimen le interesa a las dos partes, los demás son ajenos. En el juicio laboral hay más interés social, porque hay un sindicato, una empresa, una cámara empresaria. Entonces el tema se diluye un poco más. El tema penal le interesa a todo el mundo, aunque a mí no me hayan asaltado, le pasó a mi vecino por lo tanto me interesa a mí y todo el mundo mira a los jueces penales a ver qué hacenâ€.
En este sentido apuntó, “es un fuero sumamente expuesto a la crítica popular, que es el algo sano pero la gente los mira mucho más a ellos que al resto de los jueces. Ser juez penal es una tarea dura, y ser funcionario en estos momentos es una tarea muy difícilâ€.
