En una hermética reunión de su concejo directivo, la Confederación General del Trabajo (CGT) definió hoy la realización de una marcha de protesta a Plaza de Mayo el miércoles próximo, cuando ese proyecto sea debatido en la cámara de Senadores. La central evitó la declaración de un paro general, aunque otras centrales como las CTA sí realizarán paros, al igual que la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM).
Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, aseguró en conferencia de prensa que “el proyecto no busca modernizar el mundo del trabajo”, sino recortar derechos a los trabajadores. Adicionalmente, Solá aseguró que la central obrera no descarta la posibilidad de convocar a un paro general en el futuro. “Esta no es una batalla que la damos por perdida, simplemente estamos incrementando la protesta”, indicó el dirigente.
Otra acción que tendrá lugar el próximo miércoles serán concentraciones frente a las sedes de las casa de gobierno de diferentes provincias, según resaltó Solá, “para demostrar también en esos lugares el rechazo a esta ley que se va a tratar”.
De todas maneras, Sola resaltó que la “responsabilidad ” de que este proyecto se apruebe en el Congreso es de los legisladores y los senadores. “Hay que preguntarles si van a defender los derechos de los trabajadores o los de un proyecto político que les es ajeno”, enfatizó.
Algunos sindicatos habían propuesto que, además de la movilización, se convoque a un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes. Otros gremios más combativos buscaron que se considere realizar un paro de 48 horas.
Inclusive, esta semana, el sindicalista Pablo Moyano reapareció públicamente con fuertes críticas a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y al rol que viene jugando la CGT. También apuntó contra los gobernadores del PJ que apoyan la iniciativa y sostuvo que la estrategia de diálogo de la central obrera “no funcionó”.
Sin embargo, el triunviro de la central obrera pospuso por el momento la idea de llamar a un paro general. El sector dialoguista sostiene una postura de negociación con gobernadores y senadores para intentar mitigar el impacto de la reforma a través de cambios técnicos al proyecto. (DIB)