Continúan las presiones del Gobierno bonaerense contra la empresa Worldcoin, que escanea los iris de usuarios para registrarlos en una cadena de criptomonedas. Ahora el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires dispuso una imputación contra la firma tech luego de que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores detectara la inclusión de cláusulas abusivas, por lo que podrían multar a Worldcoin por una cifra cercana a los $ 1.000 millones. Por otro lado, una diputada de la Coalición Cívica presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para investigar a la empresa y saber “qué hace con los datos biométricos que toma”.
El ministerio conducido por Augusto Costa dispuso la imputación luego de que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores detectara la inclusión de cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión que obligan a aceptar, en presunta infracción a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Las autoridades bonaerenses también advirtieron contradicciones entre lo informado por la propia empresa y la información obtenida a partir de fiscalizaciones realizadas en distintas localidades de la Provincia.
“Cabe preguntarse si los datos biométricos se almacenan o si son eliminados en forma inmediata, si hay bases de datos donde quedan guardados y dónde se almacenan los datos personales de las y los usuarios de la Argentina”, observó Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, organismo del que depende la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores.
“La complejidad de estos contratos, lo novedoso de la operatoria desplegada, el bien jurídico que está en juego y la falta de información, impiden comprender clara y plenamente las reglas y el funcionamiento de toda esta operatoria”, añadió.
Contradicciones
Las fiscalizaciones realizadas por la Provincia determinaron que la empresa no exhibe señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años, lo que implicaría el escaneo de datos personales de menores.
Los relevamientos también descubrieron contradicciones en lo informado por la empresa en cuanto al uso, resguardo y almacenamiento de los datos biométricos recolectados de rostros y ojos de usuarios argentinos, información privada que, aparentemente, sería almacenada en Brasil.
Entre las diversas cláusulas abusivas detectadas, están las que habilitan a la empresa a interrumpir el servicio sin ningún tipo de reparación ni reembolso. Y también las que obligan a usuarios a renunciar a reclamos colectivos y establecen que la normativa aplicable, para residentes en la Argentina, sean leyes extranjeras, en este caso, de las Islas Caimán, además de indicar que las eventuales disputas se resuelvan a través de un arbitraje en California, Estados Unidos, infringiendo lo establecido expresamente por el Código Civil y Comercial de la Nación.
Las cláusulas se encuentran en infracción del artículo 4° y 37 de la Ley N° 24.240, Resolución N° 53/2003 de la ex Secretaría de la Competencia, Desregulación y la Defensa del Consumidor, Resolución N° 994/2021 de la ex SCI de la Nación y el Código Civil y Comercial de la Nación.
Todo esto expone a la empresa a multas que podrían totalizar los 1.000 millones de pesos.
Worldcoin realizó sus actividades en las localidades bonaerenses de Morón, Mar del Plata, Avellaneda, La Matanza, José C. Paz, Florencio Varela, Quilmes, San Miguel, Pinamar, Tres de Febrero, Villa Gesell, La Costa, La Plata, Berisso, San Martín, Zárate, Malvinas Argentinas, Escobar, General Rodríguez, Vicente López, La Matanza, Ezeiza y Almirante Brown, donde convocaba a las y los consumidores a brindar datos biométricos personales y privados –el escaneo del iris del ojo y del rostro, con un dispositivo tecnológico denominado Orb–, a cambio de instalarse en el teléfono la aplicación de finanzas World App y recibir criptomonedas de la firma Worldcoin, que en su momento equivalían a unos 30 dólares.
“No está claro qué hace la empresa”
Mientras tanto Romina Braga, diputada de la Coalición Cívica, presentó en la Legislatura el primer proyecto que reclama que se fiscalice a WorldCoin y donde se solicita al Gobierno de Axel Kicillof que “amplíe sus investigaciones” sobre el accionar de la empresa. La iniciativa marca la “preocupación” por la toma de datos biométricos a escala masiva.
“Esta empresa hace un año que funciona en Argentina, pero viene recorriendo países. Nos fuimos enterando de casos y recogimos testimonios. Hoy no está claro qué hace la empresa con los escaneos de iris. WorldCoin no tiene personería jurídica en Argentina y está adquiriendo los datos biométricos de una manera donde la privacidad está en juego”, explicó Romina Braga en diálogo con Diputados Bonaerenses.
“El Estado está empezando a tomar algunas acciones y nos preocupa que sea después de un año. Consideramos que el Estado bonaerense debería haber actuado antes. Encontramos casos en el Conurbano y en distritos del interior, no tenemos una cifra concreta. Nadie sabe para qué quieren los datos biométricos, pero ante las dificultades económicas la gente accede a brindarlos”, remarcó la diputada.
Romina Braga explicó que este el primero de varios proyectos que tiene planificado presentar para echar luz sobre WorldCoin. “Tenemos normativas, pero en estos temas quedan atrasadas. Cada vez tiene que proteger más entornos digitales y por eso hay un trabajo pendiente”, enfatizó. (DIB)