A diez años del surgimiento de la Ley de Salud Mental 26.657, aprobada en 2010, y que, de alguna manera, ubica a la práctica psiquiátrica como objeto de fuertes sospechas, cada vez peligra más la permanencia de instituciones psiquiátricas.
Según la normativa que estipula esta Ley, al estado Argentino le quedarían menos de 25 días para cerrar todos estos centros de salud -alrededor de 162 en todo el país- y reemplazarlos por dispositivos diferentes, ya que la fecha límite que esta ley establece para el cierre de los establecimientos de internación monovalente es el año 2020.
“Tener que estar hablando de esto y de la falta de modificación de algunos artículos indudablemente es el claro fracaso de la ley 26.657. Esta ley fracasa una y otra vez porque intenta prohibir lo aceptado socialmente, es una ley que no tiene ningún tipo de consenso social, excepto por un minúsculo grupo de fanáticos. Esta ley no le resuelve la vida a nadie, es más, le complica la vida a pacientes, a profesionales, a trabajadores y a instituciones”, afirmó el Director del instituto Interdisciplinario de Salud Mental de Olavarría, Bernardo Carricart, quien se mostró muy preocupado por las implicancias y consecuencias de este Ley que, basada en una imagen “estereotípica y malintencionada” sobre ciertas instituciones, parece abogar por la desaparición de los hospitales y clínicas especializadas en salud mental para ser sustituidos por instituciones comunitarias o dispositivos intermedios “sin el nivel de asistencia y complejidad que requieren los pacientes graves”.
El Instituto Interdisciplinario de Salud Mental de Olavarría tiene alrededor de 50 camas de internación, cuenta con un Centro de Día, un policonsultorio, en Azul, y un Módulo de Integración Comunitaria. Cuenta con grupos de profesionales que atienden de forma ambulatoria en diferentes distritos de la zona, con psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales, profesores de educación física, toda una estructura que está asistiendo a ese nivel de Salud Mental. En caso de que se aplique la normativa que propone la ley, ésta junto con muchas otras instituciones dedicadas al área de salud mental del país seria desmontadas y “suplantadas” por otros dispositivos que d los que “todavía no se tiene ninguna certeza”.
“Seguir hablando hoy de ¨manicomios¨ es desconocer en forma total cómo trabajan los centros especializados en Salud Mental, que de hecho son polimodales, dónde se vinculan múltiples disciplinas para plantear tratamientos y externaciones. Se ha hablado de que los pacientes tienen un promedio de 8 años de internación: puedo aclarar que eso es falso, en nuestra institución el promedio es por debajo de los 2,5 años de internación. También hablan de encierro. Pero ¿A qué definen ¨Encierro¨? Porque la actual Ley propone la internación involuntaria en caso de riesgo cierto inminente, y eso también sería encierro. ¿Cuál es la discusión de fondo? ¿Plantear una asistencia comunitaria? Eso ya existe, ya se da ese tipo de asistencia”, señaló el Director del instituto Interdisciplinario de Salud Mental de Olavarría, quien afirma que una de las consecuencias más graves de esta Ley tiene que ver con la transinstitucionalización de pacientes, esto es: que los pacientes con trastornos o desequilibrios mentales pasen de ocupar camas en los centros psiquiátricos a los penales.
“La Ley pretende negarle a los pacientes la asistencia en centros de especialidad y la gente se quiere atender en centros que estén a la altura, por eso la Ley no camina. La realidad es que un paciente descompensado psiquiátricamente no puede cohabitar en la misma sala que un paciente infartado, son requerimientos diferentes. No podemos hacer encajar a la fuerza lo que la naturaleza no expresa, que hayan pasado 10 años habla a las claras de la no aplicabilidad de esta ley, que se realizó sin el apoyo y los consensos correspondientes”, manifestó Carricart.
“Lo que necesitamos es que claramente se definan políticas de salud previsibles para poder asistir a la población en una demanda que crece día a día. No podemos vivir en esta incertidumbre institucional de la que nadie se hace cargo. Esta ley debe derogarse, porque realmente ya ha generado demasiadas distancias y diferencias, y habrá que replantearse un nuevo proyecto colectivo donde salga una unión de propuestas de todos los sectores”, concluyó el psiquiatra.