El juez de Garantías del departamento judicial de Azul Juan José Súarez decidió elevar a juicio la causa que tiene a ocho policías acusados de recibir coimas y dádivas. Entre los imputados se encuentran Emiliano Sparaino, subcomisario de la Policía de la provincia de Buenos Aires, y otros siete policías que desempeñaban tareas en el Área de Seguridad Vial.
Emiliano José Sparaíno, subcomisario de la Bonaerense oriundo de Azul y actualmente radicado en Olavarría, fue detenido el 10 de mayo de 2018 en Tandil y luego fue excarcelado tras declararse como "arrepentido". Se trató del primer imputado en la provincia de Buenos Aires en adherirse a al llamado “convenio de colaboración".
Los ocho efectivos procesados en la causa penal, entre los que hay dos oriundos de Azul, fueron apartados de la fuerza
Un total de 28 hechos involucran a los policías que, según las investigaciones, desarrollaban diversas actividades ilícitas -como el cobro de coimas y “dádivas”- a través de los diferentes destacamentos donde desempeñaban funciones, los cuales estaban vinculados por el corredor que -entre las rutas 226 y 3- une a las ciudades de Tandil, Azul, Las Flores, San Miguel del Monte y a Gorchs. Entre las pruebas incorporadas a ese sumario se incluyeron varias horas de escuchas a los teléfonos de los imputados.
El 10 de mayo de 2018, de manera simultánea, fueron allanados los destacamentos de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia con sedes en Azul, Tandil, Las Flores y San Miguel del Monte. En esos procedimientos se hallaron e incautaron diferentes elementos considerados de interés para la causa que ahora, en primera instancia, ha sido elevada a juicio. De acuerdo con lo que se informara en aquel entonces, entre lo secuestrado figuraron sobres con dinero que los acusados habían recibido a modo de coimas que cobraban a quienes a diario transitaban en diferentes vehículos por las rutas donde estaban ubicadas las seccionales policiales allanadas. Ese mismo día se llevaron a cabo cuatro detenciones: la delsSubcomisario oriundo de Azul que estaba al frente del Destacamento de Seguridad Vial con asiento en Tandil, el funcionario policial que meses después se presentó en esta causa como “arrepentido”, la de dos capitanes, uno de los cuales desempeñaba tareas en Vial Azul y el otro en Vial Las Flores; y la de un Suboficial Inspector que trabajaba en Vial Monte.
Los hechos investigados se remontan a lo sucedido entre los meses de enero y mayo de 2018, antes de que se llevaran a cabo los allanamientos en los destacamentos de Seguridad Vial y las detenciones de cuatro de los policías encausados. El ámbito territorial donde esos ilícitos se registraron incluye la jurisdicción de la Jefatura Zonal de Seguridad Vial Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otras aledañas, “abarcando las rutas nacionales 3 y 226, y demás rutas y caminos tributarios de la región”, se menciona en la causa.
Los ocho policías imputados integraron de manera organizada “una asociación destinada a cometer delitos de distinta índole, en perjuicio de particulares transeúntes y de la Administración Pública nacional y provincial indistintamente”, se indica en la resolución que en primera instancia se tradujo en la elevación a juicio de este sumario. “Tales ilícitos sólo podían tener lugar en virtud de la especial situación funcional y la relación que existía entre los imputados, que cotidianamente prestaban servicios en las dependencias a su cargo, con comunicación permanente entre sí, ya sea telefónica o personal, mediante acuerdos expresos o tácitos para coordinar y llevar adelante su accionar ilícito y la omisión de los actos de servicio que sus funciones les exigían”, agrega.
Según consta en la causa, los efectivos “se recomendaban, remitían o presentaban recíprocamente a empresarios transportistas o choferes que transitaban usualmente por las rutas sujetas a las distintas zonas viales para que entregaran dinero o dádivas a cambio del libre paso por las diferentes jurisdicciones, sin el debido control por los efectivos policiales encargados de la seguridad vial”. Sobre esas coimas, se señala que “en algunos casos eran recibidas por los sindicados en un destacamento y luego eran repartidas las remesas de dinero hacia los demás destacamentos involucrados”.
Tras la decisión del juez Súarez, y en el caso de que la elevación quede firme, los ocho policías serán juzgados, dando lugar a un pedido formulado meses atrás por Marcelo Fernández, el fiscal que desde la UFI 1 con asiento en el Palacio de Justicia local llevó adelante esta investigación.