La Cámara Federal de La Plata falló a favor de la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto la cautelar que había suspendido una resolución de ARBA, que le permitía a los Registros Seccionales de la DNRPA que actúen como agentes de recaudación de los impuestos Automotor y de Sellos.
Así lo resolvió la Sala I de la Cámara, que revirtió el fallo de Alberto Recondo que habilitó una medida cautelar solicitada por el Gobierno de Javier Milei para suspender la Resolución Normativa 26/2024 de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). En ella se obligaba a los Encargados de Registros Seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) a actuar en carácter de agentes de recaudación de los Impuestos a los Automotores y de Sellos.
En su resolución, la Cámara subrayó que esta práctica se mantiene desde hace 34 años sin afectar la actividad registral y advirtió que suspenderla ocasionaría un grave perjuicio al erario bonaerense sin generar daño al Estado nacional. Y recordó que los actos administrativos tienen presunción de validez y que las medidas cautelares contra ellos requieren un estricto cumplimiento de requisitos que en este caso no se verificaron.
Con esta decisión, los Registros Seccionales deberán continuar con las prácticas habituales de percepción y/o retención de impuestos, tal como lo establece el Código Fiscal bonaerense y la normativa vigente.
La estrategia del Gobierno nacional
El Ministerio de Justicia, en el marco de las modificaciones implementadas para agilizar la burocracia en el sector, había destacado que resultaba necesario simplificar los trámites que los usuarios realizan en los Registros Seccionales y que las tareas que estos desarrollan deben ser exclusivamente registrales.
En función de ello, denunció todos los convenios vigentes de Complementación de Servicios oportunamente suscriptos con las municipalidades, provincias y de Buenos Aires, en el marco de los cuales los distintos Registros Seccionales percibían hasta ese momento los impuestos y/o tasas relativos a la radicación de los automotores, entre ellos, el Impuesto Sellos que grava las operaciones de compraventa.
En este contexto, Nación alegó que esa norma provincial viola el orden constitucional federal y que con la creación del Registro Único Virtual (RUV), los concesionarios de registros se verían obligados a ejercer la función de calificación propia del Encargado de Registro y se encontrarían obligados a actuar como Agentes de Recaudación. Ello proyectaría "incertidumbre sobre el alcance y efectos de su intervención y, sobre todo, con relación a la magnitud de su responsabilidad frente a la inscripción que realizan, lo que desalienta su actividad al tornarla tributariamente más riesgosa". (DIB)