El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social sancionados por el Congreso: el aumento a las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 534/2025, que calificó a las iniciativas como “fiscalmente irresponsables” y sin fuentes de financiamiento genuinas.
Desde el Ejecutivo argumentaron que el paquete implicaría un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026. Según el texto, eso representa el 0,9% del PBI proyectado para este año y el 1,68% para el próximo. “Dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales”, sostiene el decreto, y pondría en riesgo lo que el Gobierno considera un objetivo “innegociable”: el equilibrio de las cuentas públicas.
Además, el oficialismo cuestionó el proceso parlamentario que permitió la aprobación de los proyectos, al que definió como “viciado por graves nulidades”. Señaló que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación reglamentaria y que las leyes se trataron con mayoría simple cuando, según el Gobierno, se requerían dos tercios.
Los proyectos vetados incluían un aumento de emergencia del 7,2% a las jubilaciones, un bono mensual de $110.000 actualizable, y transferencias a cajas provinciales no transferidas. También la extensión de la moratoria previsional por dos años y una nueva pensión no contributiva por discapacidad, además de compensaciones económicas a prestadores del sistema.
Desde la Oficina del Presidente se resumió el rechazo en una sola frase: “No hay plata”. En un comunicado, el Gobierno afirmó que el Congreso aprobó las leyes “de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos” y que eso contradice “el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación”.
El mismo texto denunció que “la clase política” impulsó las leyes para hacer campaña, “disfrazando con causas nobles” el supuesto intento de “provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico”. También anticipó que se tratarán nuevos proyectos “del mismo calibre y con la misma intención”.
La reacción opositora fue inmediata. El diputado Martín Soria (Unión por la Patria) afirmó: “Milei vetó el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad con la excusa del superávit. El peronismo votará para rechazar este atropello”.
La diputada oficialista Rocío Bonacci admitió sentir “incomodidad” por acompañar la decisión, especialmente en lo relativo a la discapacidad: “Es lo que más me toca, pero lo vamos a acompañar”, declaró en radio.
Victoria Tolosa Paz, exministra y actual legisladora, sostuvo que “la crueldad no tiene lugar en esta Patria”. Acusó al Gobierno de “atacar a los que más están sufriendo” y reclamó: “El Congreso Nacional puede y debe poner un freno a la crueldad. Es mentira que no hay plata”.
En tono similar, la senadora Anabel Fernández Sagasti vinculó el veto con los comicios legislativos: “Para los ricos todo, para los que menos tienen nada. En octubre, hay que frenarlo en las urnas”, escribió en redes. También criticó que el veto coincidiera con el ingreso de USD 2.000 millones del FMI.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue más allá y acusó al Gobierno de usar fondos públicos para espiar a la oposición: “Nada sorprendente en un gobierno cruel e insensible como el que nos toca vivir”, afirmó, y citó un artículo de Hugo Alconada Mon que denuncia el uso de fondos de inteligencia para vigilar a dirigentes políticos, sindicatos y grupos de jubilados.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Alejandro Vilca declaró: “Después de ir a la Sociedad Rural y anunciar una baja de impuestos de 1300 millones de dólares a los empresarios agrarios, Milei vetó el aumento a las jubilaciones. La casta festeja, el FMI también, el pueblo trabajador paga los platos rotos”.
El legislador socialista Esteban Paulón resumió su rechazo con una frase contundente: “MÁS CRUEL NO SE CONSIGUE”.
La posibilidad de insistir con los proyectos ahora dependerá del Congreso. Para convertir en ley lo que Milei vetó, la oposición necesitará reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Por lo pronto, el Gobierno ratificó su decisión con una consigna: “No hay plata”, y aseguró que solo con “esfuerzo y honestidad” se puede “hacer a Argentina grande otra vez”.