El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para derogar el régimen de regulación de grandes superficies comerciales vigente en la provincia de Buenos Aires desde el año 2000. Se trata de la Ley N°12.573, que establece un sistema de control para la instalación, modificación y funcionamiento de hipermercados, cadenas de distribución y emprendimientos comerciales de gran escala.
Entre los puntos subrayados por Castello es que, al desalentar inversiones, la ley tiene un efecto directo sobre la generación de empleo genuino, ya que “las trabas burocráticas y el reglamentarismo absurdo” terminan expulsando capitales. “El verdadero combate a la pobreza no se da con asistencialismo, sino con trabajo, y eso se logra atrayendo inversión privada”, remarca.
Según los fundamentos del legislador libertario, la norma vigente presenta “graves vicios de inconstitucionalidad”, y fue impulsada originalmente para proteger intereses empresariales particulares” en detrimento de los consumidores, el empleo y la libre competencia. Para Castello, su derogación es “imperiosa” ante los desafíos del escenario comercial actual, signado por el comercio electrónico, la globalización y la necesidad de atraer inversiones.
En ese sentido, el proyecto sostiene que la ley 12.573 genera un “irracional intervencionismo estatal” al regular aspectos que, según el diputado bonaerense, deberían ser exclusivamente de incumbencia del ámbito privado, como las condiciones de pago entre empresas, la procedencia de mercaderías y los criterios para fijar precios. Castello también cuestionó el rol otorgado a universidades nacionales en los procedimientos administrativos para autorizar la instalación de nuevas superficies comerciales.
Una de las críticas más enfáticas del diputado de La Libertad Avanza es la supuesta vulneración de la autonomía municipal, ya que el régimen actual impide a los municipios sancionar ordenanzas de zonificación o exenciones tributarias para este tipo de comercios. “Es una intromisión inaceptable que impide a cada distrito decidir según sus realidades y prioridades”, alertó.
Asimismo, el legislador marplatense cuestiona que la normativa vigente obligue a las nuevas empresas a someterse al asesoramiento de Cámaras empresariales que nuclean a competidores directos, lo cual “atenta contra la libertad de competencia y distorsiona el mercado”. “Resulta difícil imaginar mayor atropello al derecho de los consumidores”, sostiene en los fundamentos del proyecto.
El diputado libertario también cita antecedentes judiciales, en particular, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallo “Día Argentina S.A.”, de 2010) en la que dos Ministros votaron por declarar inconstitucionales artículos clave de la ley bonaerense. Además, recuerda que la Asociación de Defensa del Consumidor (ADELCO) se manifestó en contra de la normativa por considerar que limita la oferta en el mercado y perjudica la libertad de elección.
Por último, Castello subraya que los objetivos que dice proteger la ley, como la defensa de la competencia o del consumidor, ya están contemplados en normativa nacional, por lo cual “mantener esta ley provincial solo genera superposición de regulaciones, arbitrariedad, costos innecesarios y focos de corrupción”.