El Centro de Ingenieros de Olavarría emitió un comunicado en el cuál mencionan la preocupación respecto a la paralización de la obra del Polo Judicial en nuestra ciudad. La noticia tuvo una gran repercusión en muchas esferas e incluso la Suprema Corte emitió una Resolución en la que culpó a la Provincia por la “fuerte reducción” de fondos que impiden el desarrollo de dichos trabajos.
Ante esta situación, el Centro de Ingenieros señaló que “decenas de comercios de variados rubros, como corralones, ferreterías, casa de seguridad, rotiserías, supermercados, inmobiliarias, kioscos, agencias de remises y otros, se encontraron beneficiados por la magnitud, tipo y la dinámica de la obra”.
Además, la comunidad pudo observar “una grúa de gran envergadura, sistemas constructivos de última generación, muy variado equipamiento de punta, tiempos de construcción records, eran algunas de las características de la obra y quienes la ejecutaban”.
Recordaron que durante el inicio de la obra “hubo voces en contra, que no tuvieron eco, ideas que cuestionaban la ubicación de tal colosal obra en el centro de la ciudad, sin tener en cuenta el impacto que le generaría al barrio la nueva actividad, tránsito de vehículos, espacios de estacionamientos, etc”.
El panorama que describieron en la actualidad es otro: “Hoy, 18 meses después y luego de muchos de estar suspendida por diversas dificultades, entre ellas, el no pago de certificados aprobados, se vuelven a ver los equipos funcionar, ya no para avanzar, sino para desarmar y desmantelar lo poco que queda de ellos y para la carga de materiales que no se usaron. La empresa ejecutora se va. La Provincia le rescindió el contrato”.
Esta situación configura una fisonomía distinta y desde la institución plantean una serie de interrogantes y escenarios posibles “para pensar en conjunto”.
Señalan que si la empresa se retira ¿quién se hará cargo del saneamiento del espacio público? “Las veredas perimetrales del Polo Judicial son intransitables, en parte porque están ocupadas por un cerco compuesto por una peligrosa malla de alambre que fácilmente puede engancharse en la ropa, en la cara o en cualquier parte del cuerpo de algún desprevenido que intente caminar por el pequeño espacio que queda libre”.
En otro pasaje del comunicado indicaron que las obras en la acera como fueron el corrimiento del trasformador eléctrico que estaba por calle 25 de mayo y ahora está en calle Bolívar, el uso de la vereda como estacionamiento de los camiones que en su momento llevaban hormigón al predio por ejemplo, “la han destruido, plagando de pozos, ondulaciones y zanjas, siendo fácilmente advertibles las protuberancias formadas por hormigón endurecido que minan todo el pequeño espacio que deja libre el cerco de obra. Preguntamos: ¿Quién va a reparar las veredas para que puedan ser transitables…?”.
Otras preguntas que se hacen son: “¿quién se va a hacer cargo del mantenimiento de este edificio? ¿Y de la seguridad del mismo? Por las noches se oyen con más claridad las bombas que hay en el sótano sacando continuamente agua ¿qué va a suceder con eso? ¿Quién las va a mantener? ¿O van a dejar que se inunde todo el sótano? generando un deterioro inmenso en la construcción, un riesgo para la salud física y un foco de enfermedades”.
Las preguntas continúan y se extienden durante el resto del comunicado:
¿Quién va a cercar el edificio como corresponde con materiales seguros para los transeúntes y que soporten el paso del tiempo, con la estética y prolijidad que se merece el entorno en el que está ubicada la obra?.
¿Quién va a darle iluminación a ese sector? El sistema lumínico fue roto durante los trabajos por maniobras de carga y descarga de materiales con la emblemática grúa, y nuca nadie lo reparó.
¿Se llegó a este estado actual por decantación? ¿O existió descuido, negligencia o impericia en las áreas específicas de la Provincia, de la Suprema Corte de Justicia, del Municipio o de quien tenga injerencia en el desarrollo del emprendimiento?
¿Existe la posibilidad de reiniciar tareas y encauzar la obra hacia su posible culminación? ¿Qué costos son mayores, los de la paralización o los de su continuidad?
¿Hay un plan para paliar el pasivo ambiental generado por esta obra inconclusa?
¿Tenía esta obra un estudio de impacto ambiental correctamente realizado por profesionales idóneos que incluya un plan de saneamiento con una batería de medidas para mitigar los efectos?
¿Se puede pensar en darle utilidad social mientras los responsables resuelven la situación?