La Justicia federal convalidó el reclamo del intendente de Ramallo, Mauro Poletti, y el Gobierno nacional deberá hacerse cargo del arreglo de un puente sobre la Ruta Nacional 9. La medida marca un precedente importante para los reclamos que vienen impulsando las provincias.
Así, el fallo del Juzgado Federal 1 de San Nicolás le ordena a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a Corredores Viales S.A. que en forma coordinada ejecuten las tareas de reparación integral del cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 51, que comprende el ingreso a la ciudad de Ramallo.
El pasado 23 de mayo, según informa Ramallo Ciudad, Poletti se presentó en la Justicia Federal e interpuso una acción de amparo contra la DNV y Corredores Viales para la reparación del mencionado tramo de la RN 9.
En el texto se advertía que el peaje en el corredor aumentó un 400% en el último año, pero esto no se había visto reflejado en mejoras en la traza.
El intendente remarcó en el escrito la “reiterada omisión” por parte de la DNV en el cumplimiento de “deberes de mantenimiento, conservación y reparación de la Ruta Nacional 9”, lo que llevó a que hoy “se haya vuelto imposible transitar” por el puente del ingreso a la ciudad, “sin poner en peligro la vida o la salud de quienes lleven a cabo ese recorrido”.
“La siniestralidad aumento muchísimo, los accidentes son noticias cuando hay fallecidos, para hay muchos accidentes que terminan con personas heridas de gravedad y que quedan con alguna discapacidad”, aseguró Poletti.
En los últimos días, luego de intimados los organismos del Estado nacional para que se presente en juicio a ejercer su derecho de Defensa y analizadas las presentaciones de cada parte, el juez federal de San Nicolás resolvió en primera instancia fallar la cuestión en favor del intendente municipal de Ramallo e hizo lugar a la medida solicitada.
De esta manera, “se ordena a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales S.A. para que en forma coordinada y conjunta ejecuten las tareas de reparación en el tramo indicado debiendo iniciar las tareas en el término de diez días, acreditar en el Juzgado la iniciación de las mismas y contando con un plazo de tres meses para concluir la obra encomendada con la obligación de presentar un informe mensual del avance de obra”.
La resolución de la Justicia pide “señalización del estado del acceso, incluyendo la colocación de carteles de advertencia sobre el estado de la calzada, limitaciones de velocidad y señalética”.
Además, exige que se realicen “desvíos en caso de corresponder para evitar accidentes y/o roturas de vehículos que transiten por esa vía, implementando medidas de seguridad vial que resulten pertinentes”.
La Justicia también determinó que las obras deben iniciarse en un plazo de diez días y concluirse dentro de los próximos tres meses.(DIB)