La diputada del bloque de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó en las últimas horas en la Legislatura bonaerense una ley marco para la gestión de residuos tecnológicos con la intención de que sean reutilizados, reciclados, bajo principios de sostenibilidad ambiental.
En la iniciativa, Braga advirtió que vivimos en un contexto de fuerte crecimiento del consumo de dispositivos eléctricos y electrónicos, lo cual genera una consecuencia inevitable: el aumento exponencial de residuos tecnológicos, que requieren un tratamiento especial.
Incluso, según el informe Global E- Waste Monitor 2020, elaborado por la Universidad de las Naciones Unidas, solo en 2019 se generaron 53,6 millones de toneladas de residuos tecnológicos, una cifra que podría superar los 74 millones de toneladas anuales en 2030 si no se toman medidas.
En lo que respecta en la Argentina, se estima que se producen anualmente más de 500.000 toneladas de residuos tecnológicos, de las cuales apenas entre un 2 y 5% recibe un tratamiento formal.
En ese sentido, la diputada bonaerense presentó un proyecto de ley para conformar un marco normativo en lo que respecta al tratamiento de los residuos tecnológicos, que son especialmente complejos porque pueden contener plomo, mercurio, cadmio, litio, cromo, retardantes, plásticos no biodegradables entre otros, peligrosos para la salud humana y los ecosistemas.
“Sin una gestión adecuada, estos materiales contaminan suelos, agua, aire y cadenas alimentarias, generando un daño silencioso pero grave a largo plazo”, alegó Braga y agregó: “Es por ello que la iniciativa parte de una perspectiva de responsabilidad compartida donde cada actor, Estado, sector privado y ciudadanía, cumpla un rol específico”.
En concreto, el marco normativo obliga a todas las personas humanas o jurídicas que fabriquen, ensamblen, importen, distribuyan o comercialicen aparatos electrónicos y eléctricos a que intervengan en procesos de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final de los residuos tecnológicos.
Para ello, Braga establece la necesidad de instalar de manera progresiva puntos de recolección de los residuos tecnológicos, con criterios diferenciados que serán definidos reglamentariamente, aunque exime a pequeños comercios y monotributistas de las cargas los invita a formar parte voluntariamente.