La marcha terminó y los familiares de Valentina Gallina y Mabel Olguín, acompañados de abogados e integrantes de Ni Una Menos, ingresaron a la reunión con Ezequiel Galli y funcionarios de la Municipalidad de Olavarría.
Fue un largo encuentro, que contó también con la participación de autoridades policiales, tales como el Jefe Distrital, Carlos Roldan, y el director del Centro de Monitoreo local, Daniel Manuel.
Tras finalizar la reunión, María Eugenia Iturralde dialogó con los medios presentes y comentó que en principio se debe “ver el tema de la participación dentro de la mesa local que existe desde el año 2010, y que en los últimos tiempos se ha desgranado la participación de las organizaciones sociales. Si hay una fuerte presencia del Estado, pero no está existiendo la participación de las organizaciones sociales, porque entendemos que la lógica que ha tomado la mesa tiene más que ver con que prepondere la participación de las organizaciones estatales. Tenemos que iniciar por ahí, ver cómo nos reincorporamos”.
Desde el Frente estamos pidiendo que se monitoree la situación de las familias que atravesaron esta situación, porque acá tenemos en 11 años dos mujeres muertas por femicidio en una misma familia
“No es que la investigación del caso tiene que ver solo con el poder Judicial, ahora tenemos estas pensiones que pueden cobrar los hijos e hijas de las mujeres víctimas de femicidio. Necesitamos hacer un monitoreo de en qué situación quedan, porque las familias de los sectores populares son sostenidas por las mujeres. Nosotras desde 2015 hasta acá nos hemos puesto en contacto con estas familias, pero también hay casos anteriores que no hemos podido llegar” continuó.
Las charlas y entrevistas mantenidas durante el día de ayer tuvieron un tema en común, la ausencia (o la llegada tarde) del Estado en las cuestiones referidas a la violencia de género. En ese sentido, explicó que desde Ni Una Menos “muchas veces conocemos situaciones críticas que tenemos que resolver nosotras desde la sociedad civil, que tienen que ver con llevar un bolsón de comida a esos lugares, y contar con la buena predisposición de las personas”.
En relación a la reunión que mantuvieron con Ezequiel Galli, señaló que “la situación de escucha estuvo, pero a los pedidos que hubo la respuesta era ‘ya tenemos una mesa local’, pero tenes una mesa local en la que nosotras no estamos pudiendo participar, o ‘creamos la dirección de género’, sí, pero tenemos dos mujeres muertas en una semana. Todo esto sin contar el caso Montenegro u otros casos que se han sucedido durante la gestión de este Gobierno Municipal”.
“Nos dijeron que estaban capacitando a todos los empleados municipales y que están avanzando en la aplicación de la Ley Micaela, pero ¿Qué monitoreo hay de eso? Hay que ver hasta qué punto de sensibilización se llegó con ese tipo de capacitaciones, cuando estamos en conocimiento que también algunos directores desacreditaron las capacitaciones que se estaban realizando” indicó Iturralde.
El caso de Mabel Olguín, en particular, muestra momentos en donde la mujer fue a atenderse a las Unidades de Atención Primaria. Es por ello que hizo hincapié en que “pedimos una decisión política clara de aquellos que estén a cargo de las áreas, que bajen la línea de que hay que aplicar la perspectiva de género. No puede ser que una mujer vaya a atenderse a una Unidad Primaria y se vuelva a su casa, porque con Mabel Olguín pasó eso. Quizás si había una intervención del Estado, no estaríamos hablando de la muerte de esta mujer”.
Si te llega una mujer golpeada al Hospital no podes dejar que se vaya a su casa
Siguiendo en la misma línea del rol que, hoy en día, cumple el Estado en los casos de violencia de género, María Eugenia detalló: “las mujeres encuentran un espacio de mayor llegada acercándose a Casa Valeria o escribiendo en nuestras redes sociales que yendo a la Comisaría de la Mujer, porque viven una situación de miedo también. Porque tienen que volver al barrio, estar en contacto con esos violentos, porque hay familias amenazadas” y agregó “hay que articular y aceitar esos mecanismos en donde nosotras contamos con información en donde el Estado podría intervenir de un modo más eficaz”.
Tal como era nombrado a principio de la nota, Daniel Manuel se hizo presente en la reunión, ya que una de las denuncias de la familia de Mabel Olguín señala que existen filmaciones desde se la ve a la mujer siento violentada en la vía pública. “Hicimos el pedido de las cámaras, pero también necesitamos que la gente del Centro de Monitoreo ve una situación de violencia en la calle dé aviso, es parte de lo que sería el monitoreo de la aplicación de la Ley Micaela, si esas personas están realmente sensibilizadas” comentó.
Estamos ante hechos que hablan de prácticas sádicas, muy morbosas. Las pibas están contando cosas que rozan la tortura, es muy grave lo que está pasando
Iturralde expresó que, en vistas a futuro, saben que “a partir de este momento sabemos que nos van a llegar un montón de denuncias. Yo ya tengo el teléfono de una persona que me abordó en la calle, porque ahora nos visibilizaron mediáticamente y vamos a estar en recepción de ese tipo de relatos”.
Por último, se detuvo para hablar de la Justicia, y explicó que en la reunión mantenida con el Gobierno Municipal “dijeron que tiene que ver con la independencia de poderes, pero los poderes se pueden observar unos a otros. La respuesta era que no pueden pedir que caratulen de un modo u otro, pero si pueden salir públicamente y manifestarse en contra o a favor de ciertas cuestiones que circulan públicamente. Probablemente la historia de Mabel Olguín sería otra si las personas que llegaron a ese lugar hubiesen aplicado otro protocolo que no fueran los propios del suicidio. Tal vez se perdieron pruebas que hoy no podemos recuperar” y concluyó “si hay una mujer muerta, que se vaya con un protocolo más amplio y se pueda entender de movida que puede ser un femicidio”.