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El Gobierno busca declarar servicio público el gas de garrafa

Esta iniciativa beneficiaria a 16 millones de personas que no disponen del servicio de gas por red

Avanza la elaboración de un proyecto de ley, por parte del Gobierno, para declarar las garrafas como servicio público, regulado por el Estado y con tarifas uniformes en todo el país. Esta iniciativa beneficiaria a 16 millones de personas que no disponen del servicio de gas por red.

De acuerdo a lo informado por Diarios Bonaerenses, el Frente de Todos contaría con el apoyo de los sectores de la oposición en este tema, incluso el de Juntos por el Cambio. Una postura que se vio expresada en el debate de la ley para ampliar la “zona fría” y reducir la tarifa de gas a estos sectores.

Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), es el encargado de redactar esta iniciativa que busca dar respuesta a un reclamo histórico  de las asociaciones de consumidores y usuarios. Las garrafas, el gas licuado de petróleo (GLP) envasado,  tienen un precio de referencia que es fijado por el Estado, pero en la práctica se impone la ley de mercado y “cada cual cobra lo que quiere”.

La Secretaria de Energía de la Nación determina los valores de referencia de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos. En la última actualización que fue en el mes de abril, después de quince meses de congelamiento, desde julio de 2019, para el envase de 10 kilos, el más utilizado, se dispuso un sendero de precios que llegó en junio a 435 pesos, sin contar IVA, Ingresos Brutos ni el costo de entrega a domicilio.

La integrante de la Red Nacional de Multisectoriales, Silvia Jensen, detalló que “los precios al público son muy distintos en cada ciudad. La garrafa de 10 kilos se está pagando a 600, 800 y hasta 1200 pesos en diferentes puntos del país. El único lugar donde se consigue al precio oficial es en los depósitos de fraccionadoras y distribuidoras. Pero son pocos en relación a las necesidades de la demanda. En un radar de tres o cuatro municipios por ahí hay un solo lugar. Entonces la gente termina comprando en el comercio del barrio o a los garraferos que hacen la distribución, y los valores son cualquier cosa”.

“En líneas generales, las personas que no poseen gas de red son las de menor poder adquisitivo. En muchos casos se debe a que en las viviendas precarias no es posible la instalación por cuestiones de seguridad o porque no tienen poder adquisitivo suficiente para pagarla con las condiciones de seguridad adecuadas”, señaló a su vez Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), en declaraciones al portal Chequeado.

 

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