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Diario El Tiempo / Azul
“Creemos que el Lugones es uno de los peores institutos de la provincia”, señalaron durante una entrevista que mantuvieron con este diario dos integrantes del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria que presiden Adolfo Pérez Esquivel y el fiscal Hugo Cañón.
Ambos habían estado el sábado pasado en Azul, también especialmente invitados para participar en las jornadas de inclusión social y contra la violencia que organizaron Artistas Unidos de Azul (AUA) y un organismo local de Derechos Humanos.
Ese día, antes de dar a conocer sus experiencias recorriendo cárceles e institutos de menores en la provincia, los miembros del Comité Contra la Tortura dialogaron en el marco de una charla que específicamente giró sobre las impresiones que se llevaron de dos visitas que hicieron en mayo último a esta ciudad: una al ya referido Instituto Lugones y otra a la Unidad 52, la cárcel de mujeres que funciona desde hace más de un año al lado de la clausurada Unidad 7.
Después de esas recorridas, desde el organismo provincial de Derechos Humanos se presentaron sendos hábeas corpus, uno en el Juzgado de Ejecución Penal por la cárcel de mujeres y otro en el Juzgado de Menores por el Lugones.
Desde Ejecución Penal, a los pocos días el titular del organismo con sede en Azul, el Dr. Juan Oscar Bergoglio Oyhamburu, rechazó ese hábeas corpus colectivo “por no haberse comprobado existencia alguna de agravamiento de las condiciones de detención”, según lo que había dicho el funcionario judicial.
Pero así y todo, había ordenado al Servicio Penitenciario dos medidas reclamadas por la Comisión por la Memoria: que haya un ginecólogo en el lugar y que el titular del SPB instalara en la Unidad 52 una cámara para la conservación de frutas y verduras, plazo para el que contaba con 120 días.
Tras la inspección que se había realizado en el penal de mujeres, el hábeas corpus apuntaba a los aspectos sanitario y alimenticio y, además, al régimen de visitas de las internas.
Sobre el tema Melina Boffelli y Sergio Raimundo, integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, dijeron que en aquella recorrida en la Unidad 52 dialogaron con las internas que visitaron y que si bien en líneas generales -dado que es relativamente nuevo- al penal lo encontraron en buenas condiciones, observaron la existencia de algunos inconvenientes en lo que tenía que ver con el aspecto sanitario y de la alimentación de las reclusas.
“Las instalaciones que encontramos no eran malas. Pero había unas cuestiones que hacen al alojamiento, como el manejo de sanidad y de alimentación, que fue donde encontramos estas falencias”, contó Boffelli.
La mujer también señaló que en esta unidad, como en otras de la provincia, un problema que se presenta es el alejamiento de sus grupos familiares que sufren las detenidas, “un vínculo que se les corta”.
“La política del Estado es crear más cárceles en lugares lejanos y eso atenta contra un montón de derechos fundamentales de las personas que están alojadas en el sistema. Y uno de ellos es el vínculo familiar”, agregó la joven.
El Lugones, una cárcel
La otra visita que en mayo pasado realizaron los jóvenes fue al Instituto de Menores “Leopoldo Lugones”.
“Cuando fuimos al Lugones no nos pudimos encontrar con autoridades del lugar. De todas maneras, una persona que estaba a cargo, un coordinador de patio como le llaman, consultó a la Dirección y pudimos entrar”, recordó Raimundo.
“Al ingresar nos encontramos con un lugar que muestra cosas parecidas a las que venimos encontrando en toda la provincia en los otros institutos”, agregó.
Así, señaló que en el instituto azuleño “observamos que existen modos de vida que de alguna manera no fortalecen a los chicos que están ahí adentro y que no les dan ningún tipo de posibilidad para poder pensar en otras alternativas. Por ejemplo, vimos que los chicos no tienen escolarización secundaria y que sólo tienen la posibilidad de hacer la primaria”.
Cuando fueron al lugar, se encontraron con 27 menores alojados, por lo que el cupo del instituto estaba completo de internos que tienen entre 15 y 19 años de edad.
Más adelante, Raimundo sostuvo que en el Lugones se encontraron con “una estructura carcelaria”.
“Charlando con este coordinador que nos acompañó en la visita, le hacíamos el comentario de que si alguien conoce la Unidad 30 de General Alvear, una cárcel para mayores de máxima seguridad, este instituto lamentablemente lo supera. Vi más rejas dentro del Lugones que adentro de la Unidad 30 de General Alvear”, agregó Boffelli sobre aquella visita.
Fue así que eso los llevó a presentar un hábeas corpus colectivo en el Juzgado de Menores de Azul en favor de los internos allí alojados.
“Se hizo porque observamos que no había médico para la atención mínima y básica de los chicos” y porque, en coincidencia con lo que la ONU establece para el tratamiento de detenidos menores, “esos parámetros básicos de alojamiento acá no se cumplen”.
“Los chicos tienen que reunirse dentro de la celda, tienen la letrina ahí y tienen que sacar el colchón para poder fumar”, recordó la joven.
En ese sentido, Raimundo observó que también se vulneraba en el lugar el derecho a intimidad de los menores, puesto que “no tienen la posibilidad de hablar con sus familiares en forma telefónica sin que haya una persona al lado”.
“Ellos pasan seis horas en el patio y el resto encerrados en celdas que miden un metro y medio por dos y si no cumplen con eso tienen una sanción disciplinaria. Las celdas tienen forma de buzón de castigo, cuando en una unidad penitenciaria para mayores es distinto, porque además de las celdas están, aparte, los llamados buzones. Y eso que acá estamos hablando de chicos”, remarcó Boffelli.
Sobre lo que se hizo desde la Comisión Provincial por la Memoria para mejorar esta situación, Raimundo recordó que -aparte del hábeas corpus presentado- han existido reuniones con la Subsecretaría de Minoridad bonaerense.
“Ellos se han mostrado dispuestos a generar cambios en estas cuestiones. La idea es de diálogo permanente. Dicen que están en transición, pero queremos avanzar hacia otras formas de atender a los chicos en la provincia”.
“Esto es una construcción colectiva desde todos los ámbitos, no sólo desde nosotros, los organismos de Derechos Humanos”, agregó la mujer, quien sostuvo que en este caso se trata de “una cuestión básica” a tener en cuenta, “ya que en estos lugares que visitamos quienes están son ante todo personas”.