La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció este martes a favor de confirmar las medidas cautelares que suspendieron el aumento tarifario en el servicio de energía eléctrica dispuesto por dos tribunales de la provincia de Buenos Aires.
El dictamen ya fue entregado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que esta misma mañana adoptará una decisión sobre el tema. La opinión de Gils Carbó no es vinculante, es decir que el máximo tribunal podría resolver en sentido contrario a esa postura.
Según el dictamen, la Procuradora General señaló que correspondía "efectuar un análisis exhaustivo sobre la configuración de los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora atento a que se encuentra en juego el interés general de la sociedad vinculado a la continuidad y a la accesibilidad al servicio de energía eléctrica".
Remarcó además que "no puede obviarse que la fijación de tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales", tales como "la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que comprende alimentación y vivienda adecuados, así como una mejora continua de las condiciones de existencia", y "la protección del derecho a trabajar, a comerciar y ejercer toda industria lícita, entre otros derechos fundamentales".
Por último, la titular del MPF advirtió que "debe primar el derecho de los usuarios y consumidores a participar en la determinación de la tarifa final, ya sea para recibir información adecuada y veraz sobre los aumentos, como para peticionar que la implementación de una nueva política pública no afecte sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional vinculados a la accesibilidad a un servicio básico".