La Justicia inició una investigación a partir de la denuncia radicada en sede judicial por concejales eseverristas tras los incidentes protagonizados por el gremio de la UTA que obligaron este miércoles a la suspensión de la sesión especial para el tratamiento de la ordenanza del boleto educativo.
A raíz de la presentación de los ediles ante la fiscal Susana Alonso, se iniciaron actuaciones que contemplan en primera instancia delitos como "COACCIÓN", "AMENAZAS", "DAÑOS" y "PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD" aunque la carátula quedará sujeta a la ampliación de testimonios y otros elementos que serán incorporados a la investigación.
Entre ellos se pedirán imágenes de las cámaras de seguridad municipales y particulares para poder identificar a los responsables.