Vitale impulsa el protocolo de protección para periodistas en provincia

El proyecto de ley busca la adhesión al protocolo elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en forma conjunta con ADEPA y FOPEA, y basado en la legislación nacional y provincial y tratados internacionales en materia de libertad de prensa y el rol del periodismo de investigación.


El senador provincial (Bloque Peronista) Héctor Vitale presentó un proyecto de ley que busca la adhesión al Protocolo de Protección de la Actividad Periodística en la provincia de Buenos Aires.


El Ministerio de Seguridad de la Nación trabajó en conjunto con la Asociación fe Entidades Periodísticas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en la elaboración de un protocolo para la protección de la actividad periodística, que contemple un mecanismo para establecer medidas preventivas a favor de los periodistas que puedan hallarse en situación de riesgo por causa de misiones periodísticas vinculadas a delitos de interés federal.


Se basa en el respeto a los derechos humanos, el acceso público a la información, la privacidad y protección de datos personales, la confidencialidad y seguridad de las comunicaciones y protección de las fuentes periodísticas, así como la perspectiva de género y la protección de la mujer periodista.


El protocolo de actuación tiene por objeto establecer, las medidas y procedimientos a ser implementados por las fuerzas policiales y de seguridad para garantizar el libre desarrollo de la actividad periodística.


Cabe destacar que se tuvo en cuenta la legislación nacional y provincial y los tratados internacionales en materia de libertad de prensa, donde resulta fundamental el rol del periodismo y, especialmente del periodismo de investigación, para garantizar el acceso a información veraz y transparente a los ciudadanos, de modo de contribuir en forma sincera a la elaboración de la voluntad popular.


En este sentido, Vitale destacó que "es fundamental el trabajo de los periodistas, y en este sentido debemos garantizar que trabajen en condiciones de seguridad y de plena independencia".


"La adhesión a este protocolo busca establecer un mecanismo y las medidas de seguridad para proteger la actividad periodística de investigación frente a los distintos hechos de interés para la comunidad", sostuvo el legislador.


Alcances


El protocolo será de aplicación cuando el desarrollo de dicha actividad pueda acarrear riesgos para el periodista y se relacione, directa o indirectamente con hechos de interés institucional tales como: producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes; contrabando de mercaderías o el tráfico ilegal de personas; hechos destinados a aterrorizar a la población; corrupción en el ejercicio de la función pública; actuación de los funcionarios públicos; trata de personas; privación ilegítima de la libertad; asociaciones ilícitas; lavado de activos y prevención del terrorismo; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos; violencia institucional y la protección de los derechos humanos; violencia en el fútbol; violación de los derechos del usuario o consumidor, la lealtad en la competencia económica, la preservación del medio ambiente sustentable, la transparencia y democracia gremial y los relacionados con la violencia de género, la diversidad y a la no discriminación.


Los periodistas que se encuentren desarrollando o tengan intención de desarrollar actividades periodísticas de investigación relacionadas con los hechos descriptos y que consideren que dicha misión periodística pone o puede razonablemente poner en riesgo su vida, salud, integridad física o patrimonial, la de su familia o un tercero, podrán solicitar al Ministerio de Seguridad la ejecución de medidas de protección en los términos establecidos en el protocolo.


El periodista afectado proporcionará al Ministerio de Seguridad, ADEPA o FOPEA, en forma reservada, la información, documentación y pruebas que considere conducentes para acreditar que existe una situación de riesgo o peligro que justifica la ejecución de medidas de protección.


Comisión Evaluadora


ADEPA y FOPEA constituirán una Comisión para la Evaluación de Riesgos de la Actividad Periodística, que analizará las misiones periodísticas sobre la base de la matriz de riesgo.


La Comisión enviará al Ministerio de Seguridad la matriz de riesgo indicando el resultado de la puntuación final de la misión periodística y dictaminará qué medidas de protección considera idóneas en cada caso concreto y la forma de implementarlas de acuerdo a las particularidades de cada caso.


Las decisiones y propuestas de la Comisión no serán vinculantes para el Ministerio de Seguridad que podrá discrecionalmente rechazar su contenido y establecer medidas de protección alternativas para ponerlas en funcionamiento de acuerdo a lo que juzgue más conveniente, expresando en forma concreta las razones que justifican apartarse del dictamen emitido por la Comisión.

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