La Presidencia del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires resolvió la destitución e inhabilitación para ocupar cargos judiciales a Rubén Ariel Rivero, quien ejerció como agente fiscal titular de la UFI Nº 4 de Olavarría en 2009.
El dictamen se dio a trece años de la suspensión de su cargo, el 5 de julio de 2010, luego de que fuera denunciado por abusar sexualmente de una adolescente de 16 años.
Diez años después, en diciembre del 2020, Rivero fue condenado a tres años y tres meses de prisión por el juez Héctor Torrens, titular del Juzgado en lo Correccional N° 2 de Azul, que determinó que el acusado resultó ser autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual simple cometido mediante intimidación por la relación de poder”.
Al ser impugnada la condena, el 25 de marzo de 2021 la Cámara de Apelación y Garantías departamental confirmó parcialmente la sentencia, modificando la pena que fijó en dos años de prisión de cumplimiento condicional.
Tras varios recursos presentados por Rivero, los cuales fueron rechazados y declarados inadmisibles, pero que llevó una gran cantidad de tiempo, el organismo judicial finalmente destituyó a Rivero de su cargo.
Cabe destacar que hasta esta resolución, Rivero continuaba cobrando el 60% de su sueldo, tal como lo indica el artículo 35 de la Ley 13661: “A las resultas del juicio se trabará embargo sobre el cuarenta (40) por ciento del sueldo del funcionario suspendido. El restante sesenta (60) por ciento será percibido por el magistrado o funcionario encausado hasta el momento en que el Jurado dictare su veredicto, el que de ser condenatorio traerá aparejado el cese automático de dichos pagos”.
El caso
Rubén Ariel Rivero, un abogado y policía retirado proveniente de La Plata, asumió sus funciones en la UFI Nº 4 de Olavarría el 14 agosto de 2009.
Sin embargo, a pocas semanas de haber arribado a la ciudad, Rivero fue denunciado por haber abusado a una adolescente de 16 años, a quien había contratado para realizar tareas domésticas en su casa.
La denuncia había sido radicada al otro día del hecho por el padre de la joven, quien era policía y se desempeñaba como custodio en la Fiscalía de Olavarría.
Según se comprobó en el juicio, el 8 de septiembre de 2009 Rivero abusó sexualmente de la adolescente, quien se resistió y logró darse a la fuga.
El Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios hizo lugar a la formación de la causa y suspendió al fiscal de su cargo.
Durante años, Rivero junto a su equipo de abogados puso constantes palos en la rueda al sistema judicial para impedir el avance de la causa. De hecho, el largo periplo judicial y cada una de las recusaciones realizadas por Rivero aletargaron la resolución, a punto de que la causa esté al borde de la prescripción.
“Cuando se pruebe mi inocencia no tengo dudas de que voy a volver como fiscal a Olavarría”, había expresado en una entrevista radial en 2012.
Finalmente, Rivero fue condenado en diciembre del 2020 y, casi tres años después, dejó de ser agente fiscal del Departamento Judicial de Azul.