La integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Blanca Osuna, pidió la reivindicación de los 44 tripulantes de la Armada Argentina, fallecidos trágicamente en el cumplimiento del deber, y reclamó una condena por el espionaje ilegal de Mauricio Macri sobre sus familiares, en el marco de un nuevo aniversario del hundimiento del Ara San Juan aquel 15 de noviembre de 2017.
“Las acciones de espionaje ilegal y tareas de inteligencia sin intervención judicial, que fueren llevadas a cabo sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del Submarino ARA San Juan por parte de la Agencia Federal de Inteligencia durante los años 2018-2019 dispuestas por el entonces presidente Mauricio Macri", expresó en su repudio Osuna.
La diputada, junto a su par Eduardo Valdés, forman parte por el oficialismo de una sub-comisión conformada dentro de la Bicameral, para investigar el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia en relación al espionaje sobre los familiares de los tripulantes del submarino. En ese sentido ratificó que "hay pruebas que acreditan la producción de inteligencia ilegal lo que resulta razón más que suficiente para dar curso a la presente declaración, a tres años de tan doloroso episodio".
Destacó que conforme a la denuncia realizada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, "las acciones de espionaje efectuadas sobre familiares de tripulantes del Submarino, en su gran mayoría mujeres, fueron ordenadas por las máximas autoridades del gobierno"
Además remarcó que "consta que se ha contrariado la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por nuestra República y la propia Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, con el agravante de la existencia de un modus operandi permanente, desarrollado durante la gestión del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri".
“Las familias lucharon estos años, por verdad y justicia, mientras desde la administración del Gobierno de Cambiemos se los espiaba ilegalmente. Una práctica utilizada de manera sistemática contra partidos políticos, periodistas, opositores, movimientos sociales, empresarios, sindicales e incluso familiares y miembros de su propio partido que debe ser condenada por los organismos del estado correspondía dientes, por la justicia y por la sociedad", sentenció la legisladora entrerriana.