El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene previsto firmar esta semana un acuerdo de recomposición salarial y refuerzos presupuestarios con el Gobierno para descomprimir el conflicto por los fondos universitarios. Sin embargo, los rectores adelantaron que “no retirarán la demanda judicial”, en referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

El acuerdo, que hasta el momento es de palabra, establece un aumento del 24% para salarios docentes y no docentes, en tramos: 21,3% en junio y 3% en septiembre. Ese primer incremento impactará en el aguinaldo, que se cobraría junto al sueldo de junio a comienzos del próximo mes.

Esta propuesta incluye, además, una actualización del 20% en los gastos de mantenimiento, donde se incluyen unos 50 mil millones de pesos extra para los Hospitales Universitarios —a los cuales se les adeudan 80 mil millones en lo que va del año—. También prevé un incremento del 50% para las Becas Belgrano, un incentivo económico mensual para estudiantes regulares de las consideradas como “carreras estratégicas” que está congelado en $81.685 hace más de 2 años.

La firma se rubricaría este miércoles al mediodía e inmediatamente se abriría un proceso de paritarias, que de ahora en más se realizaría al menos cada tres meses y con la inflación como piso para determinar los aumentos.

La disputa judicial ante la Corte Suprema

El eventual acuerdo económico no cerraría el frente judicial. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, aclaró que los rectores “no retiran la demanda”, en referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

La causa tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada dos veces, aunque hoy está suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La resolución definitiva quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.

La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por esa razón, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.

Del lado sindical persisten las reservas. Desde Conadu dijeron: “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”.

Esa desconfianza también aparece entre los rectores, que reclaman que cualquier solución salarial incluya la apertura de una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones gremiales. El planteo alcanza tanto a los docentes como a los no docentes.

Por su parte, las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia, en Tribunales, para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.