Un empresario se adjudicó los campos que Carrió le atribuyó a Scioli

El italiano Garilli, ex titular de Camuzzi Gas, reconoció ante la Justicia que es el dueño de unas chacras en Tandil.


El empresario italiano Stefano Garilli, dueño de la firma Garfin Agro SA, se presentó ante la Justicia como el dueño de los campos La Morocha y La Estrella, situados en la zona de Tandil, que según denunció Elisa Carrió pertenecerían al ex candidato a presidente Daniel Scioli.


"Las estancias La Morocha y La Estrella son de exclusiva propiedad de Garfin Agro. Ni la empresa ni el señor Stefano Garilli mantienen ninguna relación y/o vinculación con el señor Daniel Scioli, a excepción de la de calidad de huésped de la estancia La Estrella", explicó en un escrito que lleva la firma del apoderado de la empresa, Juan Ignacio Paradiso.


Además, declaró que conoció al ex gobernador bonaerense en 2005, cuando Garfin Agro se transformó en propietaria de la estancia La Estrella, la que Scioli solía frecuentar cuando el dueño era Stefano Todini. "Scioli le comunicaba cuáles eran las fechas en las que habitualmente concurría. También le hizo saber que realizaba las reservas con anticipación y que alquilaba todas las habitaciones para no tener que compartir su estadía con terceras personas", se detalló en la presentación.


Garilli, a través de su apoderado, confirmó también que Scioli recibía "un trato preferencial desde lo comercial y personal" por su investidura, como vicepresidente y mandatario provincial.


Garilli, según aclaró en el escrito, fue propietario de la sociedad Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur -que abastecen de gas a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego-, de la que se desvinculó en 2000; la empresa quedó en manos de su hermano Fabrizio Garilli.


Carrió denunció ante la justicia provincial al ex motonauta por fraude al gobierno bonaerense y lavado de dinero. Según la diputada nacional, la maniobra se habría cometido a través del desvío de fondos de las cajas de la obra social provincial IOMA, Aguas Bonaerenses y el Instituto de Lotería de la provincia de Buenos Aires, e incluiría el lavado de dinero a través de la creación de sociedades y la compra de estancias a través de testaferros.

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