SUTEBA logró dictamen favorable en proyecto que busca proteger a docentes de denuncias

La iniciativa de SUTEBA tuvo el aval en el Consejo General de Educación. El proyecto protege a los docentes ante los procesos devenidos de denuncias, y pretende acelerar las investigaciones. En Olavarría afortunadamente se registraron pocas situaciones y se trabaja de manera integral. En los casos de comprobarse la inocencia, la resolución solicita una Reparación Pública para el Trabajador y la institución.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires -SUTEBA- celebró el dictamen favorable obtenido en el Consejo General al proyecto de medidas de Resguardo y Reparación Pública para los Trabajadores de la Educación que son víctimas de situaciones de violencia en las escuelas u objeto de denuncias penales. Celia Lizaso -secretaria del sindicato a nivel local- contó que "afortunadamente no se registran muchas situaciones de estas en nuestra ciudad".

Desde SUTEBA calificaron como "significativo" el hecho y lo atribuyeron al "trabajo desarrollado en toda la Provincia por el Programa de Intervención en Situaciones de Conflicto en el Ámbito Escolar que llevan adelante las Secretarías de DDHH, Gremial y Salud provincial, toman los reclamos y propuestas de los docentes en cada espacio de capacitación o intervención de este Equipo".

Estas medidas fueron además refrendadas masivamente por los docentes de toda la Provincia de Buenos Aires a través de miles de firmas recogidas en un petitorio y apoyadas por los cuerpos de delegados de esa organización a lo largo y ancho de nuestra provincia.

EL PROYECTO

"El proyecto busca resguardar a los docentes ante situaciones de violencia física, psicológica o simbólica, como también ante denuncias realizadas contra los Trabajadores de la Educación mientras se lleve adelante la investigación", explicó Néstor Carasa, Consejero General de Educación.

Afirmó además que "debido a que son hechos que ocurren en el ámbito laboral, se solicita que sea la patronal la que se ocupe de la salud física y psicológica del compañero que atraviese por estas situaciones."

"No puede existir un prejuzgamiento, ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como señala la Constitución Nacional. En ese sentido, se exige mayor rapidez en las investigaciones judiciales y/o administrativa, así como un respaldo legal de parte de la DGCyE", añadió.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Y continuó "También los medios de comunicación juegan un rol en estas acusaciones. En ese sentido, se solicita, por un lado, que sean las dependencias de la DGCyE las que tengan contacto con los medios, pero también que se coordinen acciones con diversos organismos para mejorar la cobertura mediática de este tipo de hechos, de modo tal que no contribuyan a complejizar aún más la situación."

En los casos en los que los denunciados son encontrados inocentes o incluso se comprueba que las denuncias eran falsas, esta resolución solicita que se realice una Reparación Pública para el Trabajador de la Educación, como también para la institución. Sobre este punto en especial Lizaso resaltó la importancia "ya que esto cala muy hondo y 'ensucia' a un docente e involucra a veces los derechos de los niños" y explicó "en los pocos casos que se registraron en nuestra ciudad, se los trató de manera integral y se los trabajó en mesa de diálogo".

Con la aprobación del dictamen, la resolución quedó a la espera de pasos administrativos y a la firma de la Directora General de Cultura y Educación, por lo que debería estar aprobada antes de fin de mes.

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