Proponen la creación de la Defensoría del Pueblo

“La creación de Defensorías del Pueblo en los municipios resulta una herramienta clave en torno al fortalecimiento de las democracias municipales”, afirman los concejales del Frente para la Victoria quienes apuntan a establecer una figura institucional que permita a la ciudadanía defender sus derechos en aquellos casos en los que, desde el ámbito público, no se cumpla con las leyes vigentes.

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Los concejales del Frente para la Victoria, Federico Aguilera y Saúl Bajamón, presentaron esta semana ante el HCD un Proyecto de Ordenanza en el cual solicitan la creación de la figura institucional del Defensor del Pueblo del Municipio de Olavarría.

La propuesta define que la Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional administrativa, cuya designación se realizará por concurso público y estará a cargo del Honorable Concejo Deliberante, con participación de una “Comisión de Nominación”, que podrá estar conformada por entidades representativas de la comunidad de Olavarría.

Al respecto, el concejal Aguilera explicó “la figura institucional del Defensor del Pueblo resulta una herramienta clave para que la sociedad se empodere, ya que permite a la ciudadanía defender sus derechos ante el propio Estado, en aquellos casos en los que desde el ámbito público no se cumpla con las leyes vigentes”.

Por su parte, el concejal Saúl Bajamón advirtió que “los organismos que trabajan en defensa de la ciudadanía, habitualmente se mantienen restringidos a la figura del consumidor y no tienen injerencia sobre la administración pública. Por ello son necesarias instituciones accesibles, que contemplen las responsabilidades del Estado municipal y acompañen a las personas en el cumplimiento de formalidades que muchas veces exceden al propio conocimiento”.

El Proyecto de Ordenanza establece que el Defensor del Pueblo tendrá la misión de supervisar la actividad Ejecutivo Municipal, como así también el accionar de los concesionarios, contratistas o prestadores de obras o servicios públicos y permisionarios de uso de bienes de dominio municipal, en todos aquellos casos que comporten arbitrariedades, errores administrativos, deficiencias, abusos, negligencias, demoras excesivas en los trámites, irregularidad administrativa y toda otra forma de menoscabo de los derechos e intereses de la ciudadanía.

Asimismo, se destaca que no sólo existen defensorías en el ámbito nacional y provincial, sino también en innumerables municipios, las cuales resultan ejemplares en torno al alto valor agregado que le otorgan al fortalecimiento de las democracias municipales. Dichas figuras cuentan con la amplia legitimidad de sus cuerpos deliberantes, y en este sentido, trabajan fuertemente y de manera mancomunada, colaborando con los poderes ejecutivos y legislativos. El resultado de este trabajo, logra fortalecer el diálogo y el consenso, a través de la recomendación y la argumentación fundamentada, sobre todo, al considerarse a la figura del/la defensor/a del pueblo, una autoridad competente y respetada.

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