Piden 22 años de prisión para el motorman de la tragedia de Once

Una de las querellas, que representa a la mayoría de los familiares y víctimas del accidente ferroviario de Once, apuntó directamente al motorman Marcos Córdoba al exponer su alegato en el tramo final del juicio oral por la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012 que causó 51 muertos y casi 800 heridos.

Lo acusó de descarrilamiento doloso y de haber causado las muertes y lesiones. Pidió 22 años de prisión y la aplicación de la figura del dolo eventual. Le endilgó el "profundo desprecio por la vida humana, sin el menor resguardo a fin de brindar seguridad". "Hay un solo responsable y ese es Marcos Antonio Cordoba", remató el querellante.

Para el abogado Antonio Jesús García, la tragedia "responde exclusivamente a la conducta que asumió Marcos Antonio Córdoba al no accionar los frenos de la formación", que de acuerdo a las pericias efectuadas a lo largo de la investigación, funcionaban correctamente.

Según la querella, Córdoba tuvo "plena conciencia" de lo que podía ocurrir, debió haberse representado los hechos. "El permitió que ello (el accidente) ocurra, por lo que debe aplicarse la figura del dolo eventual", y no la figura culposa, que tiene una pena mucho menor.

El abogado García, del estudio de Gregorio Dalbón, y que este lunes estuvo a cargo de toda exposición, abrió la ronda de alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2, con un discurso muy duro contra el motorman , uno de los acusados del juicio, a quien responsabilizó del hecho.

La etapa final de alegatos se inició pasadas las 10 en el Salón de Usos Múltiples de los Tribunales Federales de Retiro con una sala repleta y la presencia de los acusados, entre los que se encuentran los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Shciavi.

En su exposición, la denominada "querella uno" repasó las pericias de la causa que "confirmaron que el hombre muerto, sistema de frenado, había sido desactivado antes del accidente y Córdoba admitió que lo desactivó aduciendo que tenía el brazo o mano cansada y eso lo motivo a hacerlo".

El letrado concluyó que los frenos funcionaban correctamente y atribuyo toda la responsabilidad del hecho a Córdoba.

De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, todos, a excepción de Córdoba, se encuentran acusados por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. Según el Código Penal, esos delitos tienen una escala de pena de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente.

En tanto, Córdoba está imputado, de acuerdo al pedido de elevación, por el delito de descarrilamiento culposo. Ahora una de las querellas fue por más y lo acusó de la figura dolosa.

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