A través de un extenso comunicado, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, analizó el panorama actual en el contexto de la pandemia por coronavirus.
Destacaron las medidas adoptadas para priorizar la salud pública y señalaron que transcurrido aquel primer y segundo período (desde el 16 de marzo al 12 de abril) “la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como máxima autoridad del Poder Judicial de la PBA, debió haber arbitrado todos los medios y sustanciar todas las gestiones que fuesen necesarias para reestablecer el pleno funcionamiento del servicio de justicia, sin descuidar la estricta aplicación de protocolos sanitarios, en vez de recaer en las sistemáticas y automáticas prórrogas de suspensiones de los plazos, es decir, en concreto, la suspensión del pleno y fundamental servicio de justicia”.
Desde el Colegio indicaron que “es inconcebible que la Justicia se considere a sí misma no esencial. En razón de la forma Republicana de Gobierno receptada por la Constitución Nacional y Provincial, en tanto la existencia de división Poderes, el carácter esencial del servicio de justicia debió –y debe- ser declarado por el Poder Judicial y no por el Poder Ejecutivo. Es por ello que la responsabilidad de no haber declarado esencial el servicio de justicia es exclusiva de la S.C.B.A. La Justicia, a pesar de la anormalidad que atravesamos como sociedad por efectos de la Pandemia, debe funcionar plenamente”.
En otra parte del comunicado se centraron en las herramientas que debería tener el Poder Judicial para permitir la concreción de procesos electrónicos en todos los fueros y materias. “Todos los magistrados y funcionarios cuentan –o deberían contar- con dichas herramientas que permitan su labor jurisdiccional plena, también con el espíritu suficiente como para desempeñar su rol aún en tiempos de pandemia”.
Las soluciones que involucren al personal de planta son de exclusiva competencia de la S.C.B.A. y ajenas a esta Institución que representa a la Abogacía, se resaltó.
“Los abogados y abogadas hemos adaptado nuestra actividad profesional a las exigencias de la S.C.B.A. en el marco del proceso de digitalización de la Justicia. Ello trajo aparejado la obligatoriedad de adquirir no solo el token sino también las demás herramientas y dispositivos tecnológicos y electrónicos complementarios para la readecuación del ejercicio profesional (token, digitalizadores, scanners, software, hardware, entre tantas otras cosas). En fin, hemos asumido todos y cada uno de los gastos e inversiones que requirieron las disposiciones de la S.C.B.A. para ejercer la profesión en forma electrónica, más allá del desaguisado y la incertidumbre que provoca la convivencia del formato electrónico y el formato papel, sin entrar a detallar las barreras que desde Órganos Judiciales se han impuesto para impedir, o al menos demorar, la plena vigencia de un proceso completamente electrónico mucho antes de ahora, lo que hubiera evitado la actual situación”, mencionaron.
De esta forma, consideraron pertinente que “se arbitren todos los medios necesarios urgentemente (informáticos y protocolos de prevención y sanitarias), para permitir iniciar causas judiciales en general, no existiendo fundamento alguno para mantener lo dispuesto en solo inicio de causas urgentes y/o que prescriben, llevando casi 60 días sin poder iniciar procesos judiciales, en pos de reclamar los derechos de los ciudadanos; como así también el pleno funcionamiento de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, garantizando la salud por sobre todas las cosas, permitiendo que los procesos avancen, más allá de la implementación de todas las herramientas informáticas para notificar”.