Este martes se llevará a cabo una audiencia pública para tratar los aumentos que se aplicarán en las tarifas de gas a partir del 1 de abril. De acuerdo a las informaciones iniciales, se espera que Camuzzi presente un pedido superior al 30%.
En el listado de oradores, se encuentra la Asociación “Defensa de Consumidores y Usuarios”, integrada por el abogado olavarriense Esteban Librandi, quien participó en la redacción de un documento que presentará Jorge Linares en representación de los integrantes de la entidad que tiene injerencia en la provincia de Buenos Aires y San Luis.
Si bien advierten que “el abanico de realidades es muy amplio” afirman que “en todas hay un denominador común: los extraordinarios tarifazos en los servicios públicos”.
La presentación analiza en forma crítica la política tarifaria del gobierno de Mauricio Macri presentada para disminuir los subsidios
“La finalidad estaba direccionada a reducir los costos del Estado y que los usuarios (residenciales y comerciales) afrontaran una mayor parte del costo de los servicios. En lo que respeta al servicio de energía eléctrica, y en los dos primeros años de la gestión Cambiemos, se había alcanzado que los usuarios afrontaran el setenta por ciento (70%) del costo de generación eléctrica, y en cuanto al servicio de gas, se acercaba al sesenta por ciento (60%)” continúa.
Y concluye que “ante el fracaso de la política económica del Gobierno Nacional, y la devaluación del peso, generó que los costos se dispararan ya que la energía tiene sus precios dolarizados. Por ello el Estado volvió a ser el principal aportante en los servicios públicos, afrontando el sesenta por ciento (60%) de los costos de generación de la energía eléctrica, y el sesenta y cinco por ciento (65%) en el gas. Cuando hablamos de subsidios, estamos hablando de dinero de todos los argentinos, que recauda el Gobierno Nacional a través de los impuestos; dinero que aportamos todos”.
“Si los fuertes incrementos tarifarios buscaban reducir los subsidios a los servicios públicos, y pese a ello, el Estado continúa subsidiando, la pregunta es ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se beneficia con los fuertes aumentos de tarifa? ¿Quién se beneficia con el dinero de los subsidios?” sostienen.
Tras exponer “los números” recordaron que “detrás de ellos hay millones de compatriotas que sufren, que ven caer día a día su calidad de vida, que significa lo que verdaderamente ha logrado este gobierno: sacarle la plata de los bolsillos a los usuarios para ponerla en la de las empresas”.
“Sin dudas debemos evitar todo retroceso en derechos que la Constitución Nacional establece y están en plena vigencia a partir de la interpretación de la Corte y no de economistas de planilla excel. La tarifa debe ponderar la realidad económica social concreta de los afectados, con especial atención a los sectores más vulnerables y evitando la exclusión cuando estamos ante una tarifa confiscatoria. De ésta manera detrae ingresos de manera excesiva del grupo familiar” agrega el documento.
A modo de propuesta, manifestaron que “ante la grave situación descripta” resulta “indispensable y urgente que se declare la emergencia en las condiciones de prestación de los “servicios públicos” y se realice una reforma integral del régimen de los mismos que debe contemplar los siguientes aspectos:
A-actualización tarifaria considerando las variaciones salariales de laciudadanía
B- atento que los servicios públicos son actividades que el Estado declara como tales, no cabe realizar diferencia alguna en las obligaciones existentes entre las de carácter domiciliario (por ej. gas, electricidad o telefonía fija) con respecto de aquellas que potencialmente pueden ser designadas como tales y que, por avances de la tecnología, no están sujetas a un domicilio específico (por ej. telefonía celular, internet o servicios de comunicación audiovisual y los tradicionales servicios de transporte público).
C-potestad del usuario en la determinación tanto del organismo que intervendrá en un conflicto así como la jurisdicción del mismo.
D -convocatoria a audiencias públicas cada vez que se pretenda modificar tarifas o condiciones de prestación con carácter vinculante.