Este lunes se supo que la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal, acusando al Estado Nacional de haber habilitado a Edenor y Edesur para que incrementen de manera "ilegal, irrazonable e inconstitucional" las tarifas eléctricas.
Precisaron que las subas no son razonables, progresivas ni proporcionales. El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, ejemplificó la denuncia diciendo que "un usuario que consume hasta 300 kw/h tuvo que pagar desde febrero de 2016 hasta hoy un aumento del 1.500%, lo que representa una situación de clara pobreza energética, donde las familias tienen que postergar otros gastos para abonar los servicios, algo que impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables”.
Asimismo destacó la responsabilidad del Gobierno nacional con respecto a esta problemática, argumentando que "es responsable de que estemos ante una tarifa confiscatoria y casi imposible de pagar". A lo que agregó que le están dando "la espalda al derecho constitucional que prevé la protección económica de los usuarios”.
Finalmente afirmó que con esta denuncia se busca también reflejar lo que "sucede con la tarifa social, que con todas las modificaciones que le aplicó el gobierno hace que hoy el 70% de los usuarios que deberían estar alcanzados por este beneficio no lo tengan”.