La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuatro votos a favor y uno en contra, falló a favor de los jubilados y estableció que el índice de actualización de haberes debe ser “el del cálculo más beneficioso”. Para entender algunos puntos y aclarar ciertas cuestiones, Infoeme dialogó con el abogado Esteban Librandi, que resaltó la importancia de este fallo.
“Lo trascendente de este fallo es que la Corte asume un tema que podría haber dilatado y sin embargo lo pone en agenda de sentencias, y se abocan a tratar el tema de los coeficientes, que es tan necesario en la vida del jubilado” indicó en primera instancia.
En este sentido, “lo esencial es que declaran la inconstitucionalidad a partir de las resoluciones que el Anses había determinado, lo sustituyen con un coeficiente que respeta y da seguridad jurídica a los jubilados involucrados y van claramente en contra del Poder Ejecutivo que habían determinado la política de creación de su coeficiente, que la verdad dejaba mucho que desear”.
A su vez, agregó que “lo más importante que se puede observar de esta decisión de la Corte es ponerle un límite al Poder Ejecutivo, en lo que nosotros llamamos esta teoría jurídica del ‘si pasa, pasa’”. Esto, en otras palabras, es “la actitud del Ejecutivo que se atribuye tal como elegir miembros de la Corte por decreto, las audiencias públicas con respecto al aumento tarifario y cumplir con este paso y la determinación de la transparencia y el acceso de datos a los consumidores, así tenemos varios fallos que la Corte fue planteando como límite a esa teoría de ‘si pasa pasa’”.
Me parece muy claro, muy sano institucionalmente que la división de poderes funcione y que el Poder Ejecutivo pueda resolver en base a lo que la Corte haya determinado.
El otro tema “es que la Corte no solo falla sobre esta cuestión del coeficiente, sino que también ordena a que el Congreso de la Nación, a través de una vía legislativa de Ley, se determine un coeficiente que respete las garantías constitucionales de los jubilados en su totalidad”. La lectura que queda “es presupuestaria, tiene un impacto en el Ejecutivo pero tendrá que disponer sus herramientas para todos aquellos que estén en juicio. Es una cuestión pendiente que tiene el Estado –no solo este gobierno- con los jubilados”.
Quienes tienen ya firmada la Reparación Histórica “el Ejecutivo tendrá que ver cómo resuelve su situación porque hay muchos que han firmado. Me parece que se viene una ola de juicios y el Poder Ejecutivo tendrá que adelantarse y tener el mismo criterio para modificar las sentencias con este coeficiente”.
Para finalizar, resaltó la labor de la Corte Suprema de Justicia: “Cuando hablamos de certeza y seguridad jurídica está dada por la interpretación de la Corte. A veces la gente y también los abogados no entendemos como transmitir al usuario/jubilado, el involucrado directo cual es la situación directa y nos quedan dudas. La Corte y los principios constitucionales están para aclarar, lo está haciendo y lo llevan de una manera notable”.